Comunicado del organismo legal sobre empleos en ámbito local
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, mencionó hoy que la reciente Carta Magna, vigente desde el domingo pasado, introduce transformaciones importantes para modernizar la política en República Dominicana. Entre los cambios, resalta la unificación de comicios, la reducción de escaños parlamentarios y la limitación de la reelección presidencial.
Un aspecto que ha causado revuelo es la adición de un fragmento en el artículo 274 referente a la sucesión en cargos municipales. Según esta modificación, en situaciones donde haya vacíos en la sucesión municipal, la legislación determinará cómo llenar esos vacantes. Esta actualización se debe a sucesos recientes como el caso de La Vega, donde la designación del alcalde electo como ministro de Deportes y la renuncia de la vicealcaldesa dejaron un vacío en el cargo sin un proceso claro para resolverlo.
Castaños Guzmán explicó que, aunque la reforma contempla alternativas para estos vacíos, no otorga al Presidente la responsabilidad de hacer nombramientos en estos casos. Históricamente, la Constitución de 1966 y sus reformas de 1994 y 2002 permitían al Presidente cubrir vacantes en municipios. Sin embargo, esta facultad fue eliminada en 2010, manteniéndose esta postura en las reformas de 2015 y la más reciente de 2024.
La Ley No. 176-07 daba al Presidente la atribución, en su artículo 64, de nombrar estas figuras, pero esta disposición perdió su validez constitucional tras la eliminación de dicha facultad. FINJUS advierte que este vacío legal aún carece de un marco adecuado para resolver las sucesiones en los gobiernos locales.
En opinión de Castaños Guzmán, FINJUS enfatiza que cualquier procedimiento debe reflejar la voluntad popular y no centrarse únicamente en el Presidente. El artículo 201 de la Constitución establece que las candidaturas municipales deben ser elegidas por el pueblo cada cuatro años, subrayando la naturaleza democrática del proceso.
La Fundación reitera la importancia de contar con un marco legal actualizado que garantice que la sustitución de las autoridades locales sea equitativa y democrática. FINJUS confía en que la reforma constitucional de 2024 sea el primer paso hacia un proceso que respete la voluntad ciudadana y aporte coherencia y claridad en la sucesión de cargos municipales.
Información complementaria:
La nueva Constitución, en vigencia desde hace unos días, altera significativamente aspectos clave del sistema político del país. Entre las modificaciones, destaca la unificación de elecciones, la reducción de representantes parlamentarios y la restricción de mandatos presidenciales.
Una de las novedades es la inclusión de un párrafo en el artículo 274 referente al periodo de los funcionarios electos. Este párrafo indica que, en caso de vacantes en la sucesión municipal, la legislación establecerá el proceso para cubrir esas vacantes.
El caso ocurrido en la alcaldía de La Vega, con la designación del alcalde electo para otro cargo seguido de la renuncia de la vicealcaldesa, puso de manifiesto la falta de claridad en el marco constitucional para resolver tales situaciones.
Aunque la reforma constitucional reciente propone una solución a estos vacíos, se remarca que no recae en el Presidente la responsabilidad de realizar nombramientos en estos escenarios.
Es importante recordar que la autorización que tenía el Presidente para designar funcionarios municipales ante vacantes, presente en la Constitución desde 1966 y mantenida en reformas posteriores, fue eliminada en 2010 y no ha sido restablecida desde entonces.
Ante la falta de un procedimiento legal establecido en esta materia, se resalta la importancia de garantizar que las elecciones municipales reflejen la voluntad popular y se realicen de forma democrática, conforme al artículo 201 de la Constitución.
FINJUS insiste en la necesidad de establecer un marco jurídico actualizado que garantice un proceso justo y democrático en la sucesión de autoridades locales, al tiempo que se promueva la claridad y coherencia en este ámbito tras la reforma constitucional.