La rememoración de un trágico aniversario ha envuelto a San Cristóbal y al país en un manto de tristeza y desolación. A un año de la explosión que estremeció a esta localidad, la aflicción se extiende no solo por la pérdida de 42 vidas, sino también por la sensación de abandono, desdén y la ausencia de una explicación convincente de parte del gobierno.
En un homenaje llevado a cabo en el sitio donde se produjo la catástrofe, conocido como zona cero, un colectivo llamado Comisión de la Verdad, integrado por allegados de las víctimas y figuras destacadas de San Cristóbal, condenó la apatía y negligencia gubernamental ante este calamitoso evento, marcado por la complicidad y las contradicciones de las autoridades, lo cual subraya el poco valor que se le da a la vida humana desde el ámbito estatal.
Dorka Carrera, quien perdió a su cuñada Licerda Feliz en el siniestro, comparte que sus sobrinos, una chica y un chico aún adolescentes, están profundamente marcados por el suceso, al punto de ser incapaces de contener las lágrimas al hablar de su madre en una entrevista.
Un comunicado pronunciado por la activista Sonia Perozo recalca el doloroso escenario que se ha vivido tras este episodio, exponiendo cómo ciudadanos abatidos y sin recursos se ven obligados a suplicar por respuestas que esclarezcan las causas detrás de esta devastación.
Este grupo de individuos, carentes de influencia y poder, se reúne mensualmente no solo para honrar la memoria de sus seres queridos, sino también para exigir ante la figura presidencial de Luis Abinader, una aclaración convincente y sincera sobre lo sucedido y las responsabilidades pertinentes.
Se señala que el incidente de San Cristóbal resonará durante mucho tiempo, destacándose no solo por la severidad del desastre en sí, sino por el manejo opaco y evasivo de las instituciones estatales frente a sus deberes.
Olvido imperdonable
La portavoz critica el olvido de las promesas hechas al pueblo, que esperaba protección y representación por aquellos en el poder, cuestionando frontalmente la actitud asumida por el Estado.
El siniestro es descrito como un evento sin precedentes en San Cristóbal y posiblemente en todo el país, por su naturaleza execrable y repulsiva, destacando la vergonzosa incapacidad del Estado para proporcionar una explicación satisfactoria sobre las causas del mismo, sumiendo a numerosas familias en la desesperanza.
La desidia del Estado y la aparente indiferencia de figuras como la procuradora de Persecución de la Corrupción, Yeni Berenice Reynoso, ante la tragedia, ha causado una profunda indignación.
Manuel Antonio Nina (Pacholy) relata cómo surgió la Comisión de la Verdad en una ceremonia religiosa, con el propósito de luchar por respuestas no proporcionadas por las autoridades, marcando este evento como un hito en la historia de la comunidad.
“Esa fecha quedará registrada como el día de la ignominia, reflejo de una planificación desastrosa que conllevó a la pérdida de 42 vidas y la desaparición de otras 12,” expresó frente a los congregados en zona cero.
A pesar de las reiteradas demandas de explicación sobre lo sucedido el 14 de agosto del año 2023, la respuesta oficial sigue ausente, aunque la población clama por conocer la verdad.
En medio de la desesperación y el duelo
Modesta Mateo (Dominga), quien sufrió la pérdida de su hermano Juan Mateo en la explosión, representó el dolor de todas las familias afectadas, pero el peso del luto la obligó a ser retirada de la escena para poder respirar.
Fuera del dolor personal, destacó el impacto devastador sobre numerosos infantes y jóvenes que quedaron huérfanos, una realidad que debería haber movilizado a las autoridades sin demora.
La conmemoración se inició con una misa en la iglesia Nuestra Señora de la Consolación, seguida de un homenaje floral y una marcha hacia el lugar del infortunio, rememorando a las 42 almas que perdió la comunidad.