El ciclo de avance en los procedimientos legales
Desde hace tiempo nos preocupa y nos interesa el lamentable estado del proceso legal en nuestro país. A continuación, parte de mi columna en el periódico Hoy del 22 de septiembre de 2005:
El país ha dado un giro importante al implementar el Código Procesal Penal en reemplazo del obsoleto Código de Procedimiento Criminal. Después de décadas marcadas por la discrepancia entre el modelo judicial establecido en la Constitución de 1844 y el enfoque inquisitivo de la legislación procesal, los dominicanos finalmente materializaron uno de los pilares del Estado de Derecho: la justicia penal pública, imparcial, oral, contradictoria, rápida y basada en la presunción de inocencia.
Un análisis a la reforma constitucional
Los efectos de la nueva normativa se hicieron evidentes de manera inmediata. La agilidad en los procesos, la renovación de las salas de audiencia que eliminaron la división entre acusados y partes, y el control judicial de las medidas coercitivas sobre los imputados son resultados positivos del nuevo sistema penal. Sin embargo, la arraigada cultura judicial inquisitiva y la resistencia de ciertos sectores han obstaculizado la efectiva aplicación de muchas disposiciones del CPP.
Una muestra es suficiente. La imposición de medidas coercitivas es un punto de partida. A pesar de que el CPP establece un catálogo de opciones, en la práctica judicial prevalece la tendencia de solicitar y dictar principalmente prisión preventiva. A menudo, se omiten los requisitos fijados por la ley para su aplicación, como la existencia de pruebas suficientes, riesgo de fuga y delito sancionado con privación de libertad, evidenciando la desviación de la normativa establecida.
Esta situación refleja cómo la cultura procesal inquisitiva mina los avances logrados en libertad, debido proceso y Estado de Derecho. Es crucial que exista una respuesta judicial ágil para contrarrestar esta evolución perjudicial, de lo contrario, corremos el riesgo de retroceder en lugar de progresar. La efectividad social de las normas es esencial, y en este contexto, la desviación de los poderes penales corruptos está reemplazando lo que realmente se debería cumplir, generando graves consecuencias para la sociedad.
¡La realidad entre 2005 y 2024 apenas ha cambiado!
Debemos actuar rápidamente para preservar la integridad de nuestro sistema judicial y garantizar un proceso legal justo y transparente para todos los ciudadanos.