Desafíos en la administración de políticas públicas
Desde que asumió el control, el Partido Revolucionario Moderno ha establecido un discurso acerca de las implicaciones de la presencia de inmigrantes haitianos en los servicios públicos, presentándolos como una potencial amenaza para la estabilidad del país. Tanto el presidente Luis Abinader como el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, han hecho hincapié en esta narrativa sobre el “costo de la inmigración”. En este artículo se propone explorar los fundamentos que fundamentan sus argumentos y las consecuencias violentas que se derivan de sus medidas.
Es irónico referirse al “costo de esta inmigración” cuando la expansión económica de la República Dominicana se construyó sobre la explotación y limitación de los derechos de los trabajadores haitianos en la industria azucarera, la cual luego se propagó a otros sectores agrícolas, de construcción y servicios. Esta realidad no es algo del pasado. La presencia de inmigrantes haitianos sigue siendo fundamental para el desarrollo económico del país.
Recientemente, el sector bananero expresó la necesidad de que el Gobierno otorgue permisos temporales para unos 14,000 trabajadores haitianos. De manera similar, los productores de arroz advirtieron al Gobierno sobre las deportaciones masivas, las cuales podrían resultar en la ruina de la agricultura dominicana. La lógica capitalista es clara: el aumento de la producción y la reducción de costos para competir en el mercado nacional e internacional requiere de una fuerza laboral que trabaje arduamente, con salarios bajos y escasos beneficios sociales y laborales. Esta ha sido la premisa que ha guiado la gestión de la inmigración haitiana: una presencia que puede parecer no deseada, pero que en secreto es esencial para la economía dominicana.
Esta perspectiva racista tiene consecuencias significativas para la vida de los inmigrantes. Se les niega el derecho a una vida social, a formar parejas e incluso a tener hijos, además de verse limitados en la posibilidad de reunificación familiar. Su condición como seres humanos queda subordinada por completo a su rol de “trabajadores”, siendo excluidos de los derechos que la Constitución y las leyes del país deberían garantizarles. Su presencia es tolerada únicamente en el contexto del trabajo, sin considerar otros aspectos de su vida personal y social.
En este contexto se enmarcan las declaraciones de Luis Abinader y Roberto Álvarez, quienes han destacado el “costo” que representa esta inmigración en los sectores de educación y salud. Sin embargo, omiten mencionar la contribución que estas personas hacen en términos de productividad y los impuestos que pagan.
Las cifras presentadas por el presidente y el ministro variaron significativamente en diversos foros, con el fin de generar una alarma que justifique sus políticas. Álvarez señaló que el 16% del presupuesto de salud se destina a extranjeros, principalmente haitianos, y que el 37% de las camas hospitalarias están ocupadas por mujeres embarazadas a un costo elevado. El lenguaje violento que cosifica a la mujer como un objeto de parto habla por sí solo.
A pesar de estas afirmaciones, las declaraciones carecen de claridad sobre a quiénes se refieren y no consideran el impacto positivo que estas personas pueden tener en la sociedad. La falta de respuesta a estas cuestiones revela la negligencia del Estado dominicano en sus funciones básicas y refleja un enfoque neoliberal que prioriza el castigo sobre la protección, especialmente hacia los más desfavorecidos.
Esta relación desigual entre el Estado dominicano y la inmigración haitiana no solo afecta los derechos de estas poblaciones, sino que también amenaza con sumir al país en una regresión moral y social. Es imperativo rechazar esta injusticia y trabajar hacia una convivencia más justa y equitativa para todos los habitantes.