La desocupación de los vendedores callejeros en el tramo del kilómetro 9 de la carretera Duarte ha comenzado desde la mañana del jueves por parte de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con el propósito de proceder con el mantenimiento y expansión de dicho camino.
El Ministerio encargado de la obra comunicó que, incluso habiendo efectuado los pagos correspondientes por desalojo hace ya algunas semanas a los afectados, estos han manifestado su resistencia a abandonar el lugar. Por contraparte, los expulsados aseveran que no han recibido compensación alguna.
“No he recibido siquiera un peso, pero opté por retirar mis productos ya que el daño sería mayor si se deterioran, lo que implicaría tener que invertir más, sea poco o mucho,” expresó uno de los afectados.
“Todavía estoy esperando mi pago. Hay cuatro puestos, incluyendo el mío, que no han sido compensados, así que no nos iremos hasta que se salde la deuda. He estado aquí durante 20 años,” indicó otro comerciante.
Asimismo, voceros del Sindicato de Transporte Público de la Región Norte (Sitrapurno) mencionaron que igualmente están pendientes de recibir la compensación por el desalojo planeado por las autoridades gubernamentales.
Por su parte, representantes de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), bajo la dirección del senador Antonio Marte, aseguraron estar colaborando con el Gobierno para que los trabajos en el kilómetro 9 de la Duarte se concluyan favorablemente y así evitar afectaciones mayores al tránsito en la zona.
Resistencia y Diálogo Pendiente
A pesar de la negativa inicial, los detalles sobre las negociaciones para una salida amistosa continúan siendo escasos. Los afectados por la medida urgieron a las autoridades a establecer un diálogo abierto y justo que permita solucionar la situación sin más retrasos.
En un análisis adicional, la compleja relación entre el progreso urbanístico y la subsistencia económica de los vendedores ambulantes se pone de relieve, manifestando la necesidad de encontrar equilibrios que beneficien tanto el desarrollo infraestructural como la seguridad y bienestar de la comunidad directamente involucrada.