Potencial involucramiento de Jochi Gómez en investigación de Pepca
Se encontró una lista con los nombres de tres jueces y personal del Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo en uno de los vehículos del principal imputado.
José Ángel Gómez Canaán (Jochi) habría tenido acceso a información confidencial sobre la pesquisa de la Procuraduría General de la República relacionada con la licitación de la red de semáforos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). Además, llevaba a cabo “actividades de seguimiento e inteligencia” sobre distintos miembros del Poder Judicial.
En la solicitud de medida de coerción, se hace referencia a que la misma fue pospuesta por la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional para el martes 8 de octubre a las 2:00 de la tarde. El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva y la declaración de complejidad del caso, conocido como “Operación Camaleón”.
En la acusación se incluye al exdirector del INTRANT, Hugo Beras; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras en el Comité de Compras; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero, Carlos José Peguero Vargas y Jochi Gómez, dueño de la empresa Aurix y Transcore Latam, detenidos desde la semana pasada.
Según la solicitud de medida de coerción, se habría creado una estructura de corrupción en el INTRAN para sacar provecho de contratos millonarios ilegales que presuntamente buscaban estafar al Estado en el proceso de licitación otorgado a Transcore Latam por RD$1,317,350,997.
Entre las pruebas encontradas en la vivienda de Gómez se halló una copia de una solicitud presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a la Contraloría General solicitando datos de los pagos efectuados por el INTRANT a Transcore Latam. También se encontró una solicitud de investigación especial a la Unidad de Antifraudes de la Contraloría.
Según la Procuraduría, el imputado “tenía infiltrada la investigación del Ministerio Público” al poseer documentos confidenciales y esenciales.
Además, se señala que Gómez llevaba a cabo “actividades de seguimiento e inteligencia” sobre jueces y miembros del Poder Judicial, encontrándose en su vehículo un documento con los nombres de los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional: Keila Perez Santana, Elias Santini Perrera y Arisleyda Méndez Batista, así como de abogados ayudantes, alguacil de estrado, oficinista, alguacil. También se le acusa a Gómez de instalar en los semáforos un sistema de cámaras para vigilancia ilegal y un uso distinto al del contrato.
Wilson Camacho, titular de la Pepca, mencionó que la solicitud presentada incluye 245 pruebas, una cantidad que considera suficiente para respaldar cada una de las afirmaciones del órgano acusador.
Además, informó que las diligencias investigativas siguen en curso, lo que podría resultar en la inclusión de nuevos imputados y acusaciones en el esquema de sobornos.
Camacho añadió que se trata de un proceso con delitos graves, que involucra estafa al Estado, desfalco, coalición de funcionarios, lavado de activos y sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo, expresando confianza en que los imputados serán enviados a prisión.