Panel de expertos afirma que la nueva propuesta del Código Penal está actualizada y responde a críticas

La iniciativa para reformar el Código Penal, que se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados, representa una actualización crítica necesaria para hacer frente a desafíos actuales como la delincuencia, el crimen organizado, y actos de corrupción.

También jugará un rol fundamental en la salvaguarda de derechos y protección de grupos vulnerables incluyendo mujeres, niños, niñas, adolescentes y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, liderada por Alexis Jiménez, fue la encargada de presentar los progresos y ventajas de esta propuesta legislativa durante el Almuerzo Semanal organizado por el Grupo de Comunicaciones Corripio.

Frente a las críticas realizadas por reconocidos juristas, el congresista destacó que el proyecto ha pasado por un riguroso proceso de análisis y ha sido debatido con una variedad de sectores de la sociedad.

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El representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por Santo Domingo enfatizó que el nuevo proyecto incorpora delitos que no estaban previstos en la legislación actual, tales como el sicariato, delitos cibernéticos, esquemas piramidales, fraudes, usurpación de terrenos, colusión de funcionarios, falsificación de fármacos, adulteración de sustancias, y robo de identidad.

Asimismo recoge delitos de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada de personas, feminicidio, daños con sustancias químicas peligrosas, tortura y otros actos de crueldad, acoso o bullying, relaciones sexuales forzadas, el abandono de menores, lesiones o muerte por experimentos biomédicos sin consentimiento y los disparos temerarios.

Agrega delitos como la detención ilegal, simulación de secuestro, difusión de noticias falsas, violación de la intimidad, allanamiento de morada, acoso telefónico, divulgación de secretos, violación de correspondencia y manipulación genética indebida.

El código propuesto también contempla penas para la inhumación y profanación de cadáveres, comercio de bienes robados, fraudes masivos contra el Estado, la vulneración de derechos de detenidos, intrusiones a la morada por autoridades y establece que los delitos de corrupción contra el erario público prescriban a los 20 años en lugar de a los 10.

En el evento del Grupo de Comunicaciones Corripio, Jiménez estuvo acompañado por sus colegas Rafaela Alburquerque, José Horacio Rodríguez, Ramón Bueno, Jesús Manuel (Sandro) Sánchez, adicional a Francisco Franco, asesor legislativo, quienes también contribuyeron al estudio del proyecto.

Diálogo Abierto

Jiménez resaltó que en las audiencias públicas del 15 de julio, participaron más de cien entidades y personas, recibiendo posteriormente en documento un total de más de 150 sugerencias.

“El amplio espectro de perspectivas compartidas por la población dominicana en estas sesiones evidencia el profundo interés de la comunidad en este tema de vital importancia nacional”, subrayó.

Tras detallar el recorrido del proyecto desde su llegada a la comisión, explicó que el 16 de julio comparecieron las tres iniciativas presentadas; iniciativa No. 11466-2020-2024-CD, de los senadores Rogelio Genao, entre otros; iniciativa No. 11451-2O2O-2024-CD, de los diputados Magda Rodríguez y José Horacio Rodríguez; y la No. 11159-2020-2024- CD, de Rafaela Alburquerque y Sadoky Duarte.

“La comisión dedicó incontables horas a analizar las tres propuestas, demostrando su compromiso y dedicación mediante reuniones exhaustivas para evaluar los proyectos y considerar las recomendaciones ciudadanas”, declaró.

Recordó además que, dada la cantidad de sugerencias recibidas, solicitaron y obtuvieron una prórroga de seis días por parte del pleno de la Cámara de Diputados, basándose en el artículo 148 del reglamento interno. Durante este tiempo, enfocaron su atención en aquellos artículos que generaban mayor debate y contaban con propuestas específicas, detalló.

Es importante mencionar que el Senado ya había dado su aprobación a este proyecto en dos ocasiones y posteriormente fue enviado a la Cámara de Diputados, donde se aprobó en la primera lectura antes de ser asignado a la comisión especial.

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