Wander Franco, exjugador dominicano de las Grandes Ligas, compareció este miércoles en el Palacio de Justicia de Puerto Plata para asistir a la sesión inicial de audiencia preliminar referente al caso abierto en su contra, por la supuesta involucración en relaciones sexuales con una menor.
Adicionalmente, se le imputa a la madre de la menor el delito de lavado de activos, según ha declarado el Ministerio Público.
De acuerdo con la documentación acusatoria, Franco Aybar habría infringido diversos artículos del Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (ley 136-03), incluyendo el Principio V y los artículos 25, 396 literales B y C, 409 y 410, así como ciertos artículos (265, 266 y 331) del Código Penal Dominicano y los artículos 3 de la Ley 137-03 que combate el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas.
En lo que respecta a la progenitora de la joven, cuya identidad se mantiene en reserva por cuestiones legales, las autoridades han determinado que transgredió las normativas establecidas en el Principio V, artículos 25, 396 literal B, 409 y 410, de la ley 136-03 apartado sobre la protección de los menores, y diversos artículos (2 numeral 1, 11 y 15; 3 numerales 1, 2, y 3; 9 numerales 2 y 7) de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, además de los artículos 265, 266 del Código Penal Dominicano y los artículos 3 y 7 de la Ley 137-03 relacionados con el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
La formal acusación se presentó ante el Primer Juzgado de Instrucción de la provincia de Puerto Plata.
Más información: La audiencia preliminar en el caso de Wander Franco se llevará a cabo el 14 de agosto
La asistencia de Franco al interior del juzgado marca un precedente crucial en el desarrollo de un proceso que ha llamado la atención no solo a nivel nacional sino internacional, evidenciando la gravedad de las acusaciones que pesan sobre figuras públicas y la importancia de la tutela efectiva de los derechos de los menores.
Este caso pone en relieve la rigurosa aplicación de la ley por parte de las autoridades dominicanas ante delitos que comprometen la integridad de los menores y la transparencia financiera, reforzando el mensaje de que ninguna persona está por encima del marco legal vigente.