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Los países, en nombre del Gobierno, están obligados a seguir las normativas que protegen los derechos básicos y la armonía en la sociedad, en la que participan todos los ciudadanos de cada región.
Después de la muerte del dictador Rafael L. Trujillo Molina, República Dominicana continuó operando con las estructuras establecidas por la dictadura. Algunas leyes fueron alteradas superficialmente, mientras que otras quedaron sin uso debido a nuevas legislaciones confusas, a pesar de intentos de reformas.
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La transición desde la dictadura ha sido un proceso largo. Todavía existe una demanda de parte de la población hacia el Estado y los gobiernos para ser eficaces y protegerlos de posibles estafadores, estafadores, prestamistas ilegales, falsificadores y ladrones, quienes en muchos casos han actuado con la aquiescencia o complicidad de las autoridades.
La impunidad que disfrutan aquellos que delinquen en la sociedad dominicana resulta en la falta de garantía para los ciudadanos en cuanto a comida, medicamentos, ropa, calzado, libros, muebles y otros elementos necesarios para satisfacer sus requerimientos.
Los comercios vulneran los derechos de los consumidores al negarse a cambiar productos, rehusar devoluciones, establecer plazos límites para créditos por devoluciones, vender productos caducados o falsificados, a pesar de leyes e instituciones creadas para prevenir y castigar dichas conductas perjudiciales para los consumidores.
Organismos como Proconsumidor, la Defensoría del Pueblo, Indotel, Salud Pública, el Ministerio Público y otras entidades estatales deben cumplir con sus responsabilidades para que la población, que financia sus operaciones, reciba los beneficios prometidos.
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La protección de los derechos fundamentales es una responsabilidad que recae en los gobiernos y que afecta directamente a la convivencia social.
La transición de regímenes políticos puede generar algunos desafíos al mantener estructuras heredadas, lo cual requiere de reformas para adaptarse efectivamente al cambio.
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La lucha contra la impunidad es crucial para evitar situaciones de desconfianza en la oferta de bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de la población.
La protección del consumidor es una tarea que debe ser vigilada de cerca para evitar abusos por parte de comercios inescrupulosos.
La efectividad de las instituciones estatales es vital para garantizar que la población reciba los servicios y la protección que merece en función de los impuestos pagados.