La discriminación hacia personas LGBTIQ en las fuerzas de seguridad y militares como un desafío constitucional
En estos momentos, el Tribunal Constitucional está evaluando una petición directa de inconstitucionalidad en contra de los códigos de justicia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, los cuales fueron establecidos por medio de las leyes 3483-53 y 285-66, respectivamente.
La solicitud fue interpuesta por Anderson Dirocie De León, un abogado especializado en derecho internacional público y derechos humanos, y por Patricia Santana Nina, constitucionalista y experta en derecho administrativo, judicial y de género. Su objetivo es lograr que la máxima instancia judicial declare la inconstitucionalidad del artículo 210 del Código de Justicia de la Policía Nacional y del artículo 260 del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas.
En este caso, Santana Nina explicó que esta acción representa un primer paso para que los integrantes LGBTIQ de la policía y las fuerzas armadas puedan desempeñarse en sus funciones sin barreras, eliminando así prácticas discriminatorias y arbitrarias que puedan prevalecer en los procesos disciplinarios internos de estas instituciones, los cuales a menudo resultan en violaciones graves al debido proceso y a los derechos humanos fundamentales.
Por su parte, Dirocie De León puntualizó que los códigos de justicia militar y policial que imponen penas de prisión a policías y militares por mantener relaciones sexuales consensuadas con personas del mismo sexo, así como por intentar tener estas relaciones, constituyen una forma de discriminación injustificada que vulnera derechos fundamentales como la dignidad, la libertad personal, la intimidad, el desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo, entre otros.
Tanto Santana como Dirocie resaltaron que en el país se desconocía la aplicación de estas leyes y que las acciones arbitrarias de detener o desvincular a personas LGBTIQ, o percibidas como tales, dentro de los recintos militares estaban respaldadas legalmente.
El equipo legal subrayó que esta petición no solo visibiliza severas violaciones a los derechos humanos fundamentales, sino que también representa el primer paso para eliminarlas, lo que permitiría desmantelar políticas estatales que perpetúan la violencia y la discriminación en contra de individuos dentro de los entornos policiales y militares.
Fallo del Tribunal Constitucional
Si el Tribunal Constitucional emite un fallo favorable hacia esta petición, no solo tendrá repercusiones directas en la vida de los policías y militares, sino que representará un avance concreto hacia la igualdad en estos ámbitos, no solo protegiendo contra la discriminación por orientación sexual, sino reafirmando que ser LGBTI no constituye un delito y que estas personas tienen la misma capacidad para ocupar cargos públicos.
Anderson Dirocie y Patricia Santana enfatizaron que, de continuar tomándose las medidas necesarias tras un fallo favorable, esto podría tener un impacto significativo en la vida de personas LGBTIQ que no pertenecen a las fuerzas de seguridad ni militares, pero que sufren discriminación y delitos de odio debido a una cultura estatal que promueve la idea de que la homosexualidad es un crimen que merece castigo.
Además de impugnar las normativas en cuestión, la petición insta al Tribunal a declarar inconstitucionales cualquier norma o acto relacionado, es decir, leyes disciplinarias que, bajo un discurso de »moral o disciplina», son utilizadas para llevar a cabo la discriminación denunciada en los Códigos de Justicia, como es el caso del artículo 33 del Reglamento Militar Disciplinario.