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El mandatario Luis Abinader tiene planes de fusionar organismos con el objetivo de ahorrar recursos; sin embargo, la iniciativa de modernizar el Estado implicó la descentralización de funciones en áreas como Salud, Educación y Administración Pública y la eliminación de responsabilidades actualmente a cargo del SDSS y Mepyd. Estos cambios fueron implementados después de extensos análisis, investigaciones y consultas realizadas por organismos internacionales como el PNUD, BID, Banco Mundial y FMI. La falta de conocimiento, la improvisación y la creencia de que los líderes políticos tienen la autoridad para tomar decisiones arbitrarias, han sumido a la República Dominicana en una peligrosa costumbre de ignorar los mecanismos establecidos, violar la Constitución y las leyes, fomentar el clientelismo y la corrupción. A pesar de que han transcurrido dos décadas, el proceso de reforma del Estado aún no se ha completado, ya que cada administración impone sus propias visiones y objetivos, e incluso en situaciones como la del Sistema Dominicano de Seguridad Social, se han retirado servicios como las Estancias Infantiles para justificar la creación de instituciones de servicios sociales que no son necesarias ya que corresponden al ámbito de la Seguridad Social. El cambio no se ha materializado, han transcurrido cuatro años desde la asunción del Gobierno del PRM y aún existen funcionarios que no han estudiado las normativas que regulan las instituciones a su cargo, ni respetan el orden institucional de los procesos administrativos, porque creen que pueden actuar según su propio criterio sin preocuparse por la atención al ciudadano.
Además, es crucial abandonar el clientelismo y la visión del Estado como un botín en manos de los gobernantes para lograr un ahorro significativo en los recursos públicos.