Hombre encontrado culpable de amenazar a su familiar es sentenciado a 10 años de cárcel
En respuesta a la solicitud del Ministerio Público, un tribunal provincial ha impuesto una sentencia de 10 años de prisión a un individuo hallado responsable de proferir amenazas de muerte a su madre y otros miembros de su familia en un incidente ocurrido en la localidad de Batey Soco, en la provincia de San Pedro de Macorís, en el año 2022.
El Ministerio Público logró que el Tribunal Colegiado de esta jurisdicción dictara esta condena contra Fleimi Martínez Mejía después de demostrar su culpabilidad en el acto de violencia perpetrado contra su madre y otros familiares, cuyos nombres no han sido revelados.
Según la acusación presentada, Martínez Mejía cometió dicha acción durante la noche del 12 de febrero de 2022, al presentarse en la residencia de su madre, donde profirió amenazas de muerte no solo a su progenitora, sino también a otras personas de su entorno, utilizando amenazas de armas blancas y de fuego.
Posteriormente, el acusado repitió un acto similar el 19 de febrero de ese mismo año, alrededor de la 1:00 de la madrugada, amenazando nuevamente a familiares presentes en la vivienda materna. Se destaca que en esta ocasión, las amenazas fueron realizadas bajo los efectos de sustancias ilícitas.
Como consecuencia de estos incidentes, los familiares del acusado presentaron una denuncia ante la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de San Pedro de Macorís, en la que informaron sobre los constantes abusos físicos y verbales, así como las amenazas de muerte por parte del acusado, siendo corroborado mediante evaluaciones psicológicas realizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
La fiscal investigadora Daviarys E. García Navarro reunió pruebas suficientes durante la investigación que permitieron demostrar los hechos en el juicio, en el cual la representante del Ministerio Público, la fiscal Estela Santana Castro, logró probar que el acusado violó las disposiciones establecidas en los artículos 309-2 y 309-3, literal E, del Código Penal Dominicano.
Los jueces Juan de la Cruz Rijo Güílamo, Bethania del Carmen Conce Polanco y Katerine Santana Mejía emitieron la sentencia condenatoria tras valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante el juicio.