Analizando tácticas para hacer visible al dirigente político las repercusiones de sus actos
En la capital estadounidense se están evaluando posibles medidas en contra del Gobierno liderado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el objetivo de evidenciarle las ramificaciones de cada una de sus determinaciones políticas, como respuesta a la orden de aprehensión emitida hacia el opositor Edmundo González Urrutia.
En una intervención ante los medios este martes, John Kirby, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, mencionó que, en conjunto con sus aliados, se están contemplando diversas alternativas para comunicar al señor Maduro y a su gabinete que las acciones llevadas a cabo en Venezuela tendrán consecuencias directas.
El representante del Gobierno de Joe Biden hizo hincapié en que estas medidas se están considerando como represalia ante la orden de detención contra Edmundo González en Venezuela, acusado de incitar a actos violentos, algo que, según afirmó, no se ajusta a la realidad.
“Este es solo un ejemplo más de los intentos del presidente Maduro por aferrarse al poder mediante la fuerza y por negarse a aceptar que el señor González obtuvo la mayoría de votos el 28 de julio”, señaló Kirby, sin profundizar en la naturaleza de las posibles represalias a tomar.
La Fiscalía venezolana solicitó recientemente a un juzgado especializado en delitos de terrorismo que emita una orden de arresto contra González Urrutia, miembro de la principal coalición opositora, por supuestos delitos de usurpación de funciones y falsificación de documentos públicos, vinculados a las actas electorales de las presidenciales de julio.
En cuanto a Estados Unidos, Kirby remarcó que en los últimos meses se han aplicado sanciones a Venezuela en consonancia con los intereses generales de ese país y con las acciones u omisiones adoptadas por Maduro y su equipo.
Una de las últimas acciones destacadas contra el Gobierno venezolano fue la incautación del avión oficial de Maduro, llevada a cabo en República Dominicana por orden de las autoridades estadounidenses, en el marco de las sanciones impuestas a Caracas.
Según las autoridades norteamericanas, esa aeronave, un Dassault Falcon 900EX adquirido ilegalmente por 13 millones de dólares, de propiedad de Maduro y asociados en Venezuela, estaba siendo utilizada en nombre del mandatario.
Tras la confiscación, el Gobierno venezolano manifestó su intención de emprender acciones legales para reparar el perjuicio sufrido y calificó el suceso como un acto criminal.
En abril pasado, Estados Unidos decidió revertir parcialmente la suspensión de sanciones impuestas al petróleo y gas venezolano, acusando a Maduro de incumplir sus compromisos electorales al inhabilitar a la candidata opositora María Corina Machado.