Desafío legal: roles en situaciones laborales y penales
Nuestro negocio ha sido señalado por una violación detectada por un inspector de trabajo y nos enfrentamos al Juzgado de Paz en asuntos legales penales laborales. Se ha convocado a uno de los propietarios a comparecer en audiencia, a pesar de que tiene poca participación en la administración y gestión de la empresa, y desconoce por completo el tema de la infracción. Nuestros abogados nos indican que es necesario su presencia, ya que de lo contrario estaría en desacato y podría enfrentar una orden de arresto por parte del Ministerio Público. Nos encontramos desconcertados ante esta situación. Nos gustaría recibir una explicación detallada al respecto.
Además, el artículo 722 del Código de Trabajo señala claramente que “Cuando el infractor sea una entidad jurídica, la pena de cárcel recaerá sobre los administradores, gerentes, representantes o personas encargadas de dirigir la empresa.
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Según lo establecido en este artículo, resulta evidente que aquellos individuos que pueden enfrentar un proceso judicial penal laboral son aquellos que están involucrados en la gestión del personal o en la administración de la empresa objeto de la denuncia.
Es lamentable observar que el Ministerio Público en Asuntos Laborales ha adoptado la práctica habitual de buscar a los propietarios de las empresas e implicarlos en el proceso judicial, con el fin de presionar para el pago de las multas que solicitan.
Además, resulta sumamente preocupante que, al solicitar la exclusión de estas personas ante el juez, estos no accedan y simplemente insten a que presenten su propia defensa en el tribunal.
No obstante, una interpretación adecuada del artículo 722 indica que la persona física involucrada debe tener vínculos con la administración y, posiblemente, con la infracción en cuestión. Esta interpretación parece ser la más coherente y sensata.
Adicionalmente, es fundamental comprender que el debido proceso y la legalidad deben prevalecer en todas las etapas de este tipo de situaciones legales, garantizando así la protección de los derechos de todas las partes involucradas.