Dieciocho individuos han sido formalmente imputados por participar en una organización clandestina dentro de una entidad pública, facilitando la eliminación o modificación de aproximadamente 17,000 registros criminales a cambio de dinero. Entre ellos se encuentra un exagente de la ley y un antiguo integrante de la fuerza policial.
La audiencia preliminar para este colectivo, liderado por el anteriormente mencionado fiscal Luis Peña Cedeño, está señalada para el 20 de agosto bajo la dirección de la magistrada Yanibet Rivas, perteneciente al Sexto Juzgado de la Instrucción.
Para realizar las operaciones de modificación de fichas, este grupo se valió de Nexcom Technology, una empresa asociada a Luis Alfredo Astacio Polanco, un exoficial de policía, maniobra que les habilitó para recaudar más de doce millones de pesos dominicanos.
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Identificación de los involucrados
Entre los señalados se encuentran, aparte de Peña Cedeño y Astacio Polanco, Alfredo Mirambeaux Villalona, Mártires Rosario Reyes, Rubén Darío Morbán Santana, Ashley Darleni Morbán Reyes, Laudelina Esther Reyes Silva, Pilar Irene Medina Trinidad y Romanqui Alexander Dotel, así como Yokaira Elizabeth Carmonba, José Ramón Quezada Carmona, Antony Vicente Ferrer Monegro; Victor Gilberto Mercedes Gómez, Dilcia Argentina Núñez Santos, Katherine Franchesca Astacio Polanco, Jancely Estela Arias López, Domingo Julio Santana Sánchez y la compañía Nexcom Technology.
Este conjunto afronta cargos por su participación en el entramado ilegal que comprometió los registros penales del país, desencadenando graves preocupaciones sobre la integridad de los sistemas judiciales.
Demandas del Ministerio Público
El Ministerio Público exige que el juzgado acepte el conjunto de evidencias presentadas contra los inculpados, preserve la privacidad de los datos y archivos que involucran antecedentes penales y perfiles delictivos; adicionalmente, reclama que todos los involucrados sean llevados a juicio.
De igual forma, ha insistido en mantener las restricciones preexistentes sobre los incriminados, recordando que en agosto de 2023, cuando se destapó el caso mediante la Operación Gavilán, el número de detenidos ascendía a 12. El antiguo miembro policial entre los acusados ha reconocido su participación en las actividades ilícitas.
Este acontecimiento resalta la necesidad de mantener sistemas judiciales transparentes y libres de interferencia externa para preservar la confianza pública en las instituciones de justicia y seguridad.