Reorganización del Congreso
La participación de los ciudadanos y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) coinciden en la necesidad de debatir el proyecto de reforma constitucional presentado por Luis Abinader con transparencia y consenso, alejado de los intereses políticos.
Para ello, proponen una reducción de diputados con un límite máximo de 110, estableciendo criterios territoriales en lugar de basarse en el aumento de población. Además, abogan por revisar la pertenencia de la República Dominicana al Parlamento Centroamericano (Parlacen) para evitar gastos innecesarios y posibles casos de corrupción bajo la inmunidad parlamentaria.
Fortalecimiento de la independencia judicial
En cuanto a la independencia del Procurador General de la República (PGR), se plantea la importancia de mantener su inamovilidad por un periodo máximo de 4 años, evitando su remoción como castigo a intereses políticos. Asimismo, se propone que solo pueda ser destituido a través de un juicio político.
Separación de elecciones
Se aboga por la separación de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, siguiendo el modelo establecido en 1994 para reducir el arrastre político y fortalecer la independencia de los gobiernos locales y del Poder Legislativo.
Limitación de la reelección presidencial
Se sugiere mantener la limitación actual que permite al presidente presentarse únicamente a un segundo mandato y prohibir su postulación para períodos posteriores. Además, se propone incorporar un nuevo artículo en la Constitución que establezca restricciones a los funcionarios de elección popular respecto a reformas constitucionales durante su mandato.
Postura de la FINJUS
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) destaca la importancia de fortalecer la figura del Procurador General de la República para garantizar su independencia y separarlo de influencias políticas. No obstante, señala la necesidad de consensuar ciertos aspectos de la propuesta de reforma para definir con mayor precisión su alcance y limitaciones.
En un contexto marcado por el crimen transnacional y la falta de transparencia, se hace hincapié en la importancia de mantener la imparcialidad y objetividad del PGR como pilares fundamentales de una sociedad democrática moderna.
Se insta a analizar con cautela el principio de inamovilidad para evitar posibles repercusiones negativas en el ejercicio de la justicia.