La dilación del comienzo del juicio preliminar a Wander Samuel Franco, señalado por manipulación sexual y tráfico de una menor, fue determinada este miércoles por el juez Francisco Pascual Abreu de la Jurisdicción Penal en Puerto Plata. Igual situación afronta la madre de la adolescente, acusada por el Ministerio Público de legitimación de capitales vinculados con el mismo caso.
Teodocio Jáquez, letrado que representa al campocorto de los Tampa Bay Rays, comunicó que la nueva fecha para la audiencia ha sido programada para el jueves 26 de septiembre a las 9:00 a.m.
Adicionalmente, es relevante mencionar el impacto que estos retrazos judiciales pueden tener no solo en las partes implicadas sino en la percepción de justicia y el proceso legal en sí, añadiendo una capa más de complejidad al caso.
Dignora Diloné, abogada de Wilian Reyes González, progenitor de la supuesta afectada, atribuyó la postergación a la falta de notificación acerca del material audiovisual que forma parte del expediente judicial tanto a la defensa de la progenitora de la menor como a la de Franco.
Este aplazamiento plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de notificación dentro del sistema judicial y subraya la necesidad de garantizar que todas las partes involucradas en un proceso legal estén debidamente informadas sobre los elementos de prueba incorporados.
El expediente acusatorio contra Wander Franco destapa que infringió normativas establecidas en el Principio V, los artículos 25, 396 literales B y C, 409 y 410 del Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley 136-03, así como los artículos 265, 266 y 331 del Código Penal Dominicano, junto con los artículos 3 de la Ley 137-03 contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes.
En relación con la madre de la adolescente, cuyo nombre se resguarda por motivos legales, se le imputan violaciones a las normativas del mismo Principio V y artículos del Código para la Protección de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Ley 136-03, además de ciertos preceptos de la ley 155-17 de Lavado de Activos y Ley 137-03 sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes específicos para su caso.
Estas acusaciones resaltan la complejidad del entramado legal y el enfoque multidimensional que requiere el análisis de los delitos imputados, desde la explotación sexual hasta el lavado de activos y la trata de personas, enfatizando la gravedad de las conductas bajo investigacion.
La labor de investigación ha sido llevada a cabo por la Fiscalía de Puerto Plata bajo la dirección de Kelmi Duncan, con la asistencia de Olga Diná Llaverías, directora nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia del Ministerio Público; Ramona Nova Cabrera, al frente de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el equipo del órgano acusador compuesto por Michael Núñez, Claudio Alberto Cordero Jiménez, Dilsia Taveras y Luis Martínez.
Esta coordinación interinstitucional subraya el compromiso del sistema judicial con el abordaje integral y riguroso de los casos de explotación y abuso de menores, procurando justicia efectiva para las víctimas y sanciones ejemplarizantes para los responsables.