“Toc toc, ¿quién anda ahí? ¡Personas de bien!”
Anteriormente, esta frase se asociaba meramente con una conocida canción navideña en Venezuela.
No obstante, su interpretación ha evolucionado.
“Aquellos que cruzan la línea… Toc toc. No llores, tu destino es Tocorón [un penal]”, manifestó recientemente el presidente Nicolás Maduro, al aludir a la denominada “Operación Tun Tun”, estrategia promovida por el gobierno para la represión y captura de manifestantes y críticos políticos tras los comicios del 28 de julio.
“Estrategia no oficial que señala una intensificación de la represión en el país”, así la describe Gonzalo Himiob de la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de individuos aprehendidos sin fundamento.
Un nuevo desafío político surge en Venezuela a raíz de los recientes comicios presidenciales. El Consejo Nacional Electoral (CNE), con una mayoría de afiliados al gobierno, adjudicó el triunfo a Maduro con el 51,2% de los votos, superando a su contrincante, el opositor Edmundo González.
El CNE, sin embargo, no divulgó las actas de votación que certifican esta victoria, alegando un supuesto ataqué cibernético.
Por su parte, la facción opositora, liderada por González y María Corina Machado, comunicó que sus observadores reunieron el 83,5% de las actas, las cuales, según publicaciones en un sitio web, indican que González se impuso con el 67% de los sufragios.
Este resultado representaría un duro golpe contra el chavismo, que domina el escenario político desde hace 25 años, con Maduro en el poder desde 2013.
Varios estados, encabezados por los EE. UU., reconocen a González como el legítimo vencedor según las pruebas disponibles, mientras que naciones como Brasil, México y Colombia demandan claridad y exigen al CNE la publicación de las actas.
Maduro ahora ha llevado la controversia electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), órgano alineado con el pensamiento oficialista y deslegitimizado por la oposición para resolver cualquier discrepancia respecto a los resultados electorales.
A raíz de este conflicto, el lunes 29 de julio, al día siguiente de la elección, surgieron protestas y cacerolazos en comunidades populares repudiando los resultados oficiales que dan por vencedor a Maduro.
Estas protestas han desencadenado una ola de detenciones calificadas por familiares y organismos tanto locales como internacionales de arbitrarias.
A consecuencia, se ha instaurado un ambiente de temor en el país, llevando a ciudadanos a evitar publicaciones en redes sociales, borrar conversaciones, no portar teléfonos en público, confinarse en casa, buscar refugio en hogares de conocidos e incluso, como se menciona en esta nota, optar por el anonimato al hablar.
Del programa de TV al formalismo institucional
En el 2017, Diosdado Cabello, diputado y destacado representante del gobierno, mencionó por primera vez en su emisión semanal de TV la “Operación Tun Tun”, refiriéndose al arresto de “terroristas”.
Este término surgió durante las manifestaciones de ese año, desatadas luego de dos disputadas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que asumía temporalmente las facultades de la Asamblea Nacional, entonces bajo control opositor.
En aquel entonces, se trató de una acción no “oficializada”. Hoy, se ha transformado en una medida más estructurada e, incluso, es citada por el propio Maduro.
Si bien en 2017, entre abril y julio, se registraron 5.051 detenciones, actualmente, en apenas una semana, Foro Penal ha reportado 1.010 arrestos.
“Este es un ciclo de represión sin precedentes. Aunque en ocasiones pasadas, durante las protestas de 2014, 2017 y 2019, hemos presenciado picos de represión. Nunca antes se había experimentado una represión de tal magnitud como la actual”, condena Himiob.
Maduro ha alardeado sobre la captura de más de 2.000 personas durante protestas que atribuye a un intento de “golpe de Estado” por parte de la “derecha fascista”, anunciando también la creación de dos nuevos penales de máxima seguridad.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) es una de las principales agencias encargadas de las detenciones.
“La Operación Tun Tun apenas inicia. Informa si has sido víctima de una campaña de odio físico o virtual a través de las redes sociales”, publicó Douglas Rico, director del CICPC en su Instagram el sábado.
“Estamos presenciando un endurecimiento en las tácticas de represión y hostigamiento contra la población”, le comenta a BBC Mundo Valentina Ballesta, subdirectora de investigación para América de Amnistía Internacional.
El perfil de las detenciones también ha cambiado.
Variación en el perfil de las detenciones
“El método de arresto, la ubicación, ahora son diversos. Abarcan desde personas manifestándose hasta quien simplemente se dirigía a su lugar de trabajo, en la calle, bajo cualquier circunstancia y de manera aleatoria”, indica Himiob.
Both Ballesta and Himiob highlight that whereas previous detentions tended to focus on individuals in more affluent residential areas, the current crackdown is predominantly targeting less affluent individuals in working-class neighborhoods.
“Es en estas comunidades donde surge la movilización, y allí es donde buscan desactivarla lo más que puedan; son el objetivo principal de las operaciones tun tun”, agrega Ballesta.
Un periodista local, hablando bajo la condición de anonimato, describe a BBC el ambiente que esto ha creado en un barrio popular de Caracas.
“La percepción es que cualquiera en la calle podría ser arrestado sin más. Muchos fueron detenidos por aparecer en videos protestando, otros simplemente salían a comprar pan cuando pasaba un patrullero y eran capturados”.
Además, se observa una tendencia en la edad de los detenidos. La mayoría oscila entre los 21 y 23 años, y de los más de mil arrestados, 91 son menores de edad, de acuerdo con Foro Penal.
Las delaciones como estrategia
Un aspecto notable de la “Operación Tun Tun” incluye las denuncias, como el llamado que hizo Douglas Rico, director del CICPC, a informar sobre ser “objeto de campaña de odio físico o virtual”.
Como explica un especialista en leyes que prefiere mantenerse anónimo, “ahora lo legal se ha tornado subversivo”.
La actual ley contra el odio en Venezuela es demasiado ambigua, “sin límites claros sobre qué constituye odio, o qué se considera fascismo. Cabe de todo en esa definición”, señala.
Bajo esta amplia categorización, cualquiera puede ser denunciado: un vecino, el encargado de la tienda, el líder comunitario. Y aunque no se conoce el número exacto de denuncias o detenciones resultantes, este proceder ya ha logrado instaurar desconfianza y temor entre la ciudadanía.
Prácticamente cualquier contenido en tu teléfono móvil podría ser motivo de retención o arresto.
“Las autoridades están enfocándose en destacar que disponen y utilizan mecanismos para inculcar terror y miedo en la población”, explica Ballesta.
Por ejemplo, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) compartió un video que comienza con “A donde quiera que vayan, Chucky los encontrará”, parafraseando al filme El muñeco diabólico, seguido de una espeluznante versión del tema Ring Christmas Bells, que dice: “Si hicieron mal, él lo sabrá… Los buscará, mejor escóndanse. Tu nombre ya está en su lista”, mientras muestra a agentes del DGCIM realizando detenciones.
Este video ha sido retirado.
Esto representa una confesión de detenciones arbitrarias y privación ilegal de libertad por parte de las autoridades, las cuales podrían configurar crímenes de lesa humanidad”, menciona Ballesta.
El régimen de Maduro actualmente enfrenta una indagatoria por parte de la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de lesa humanidad, que incluyen detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. El gobierno rechaza estas acusaciones.
Irregularidades marcadas
Foro Penal señala numerosas irregularidades dentro de la “Operación Tun Tun”.
Una de ellas se refiere al propio acto de detención, que no se realiza con orden judicial ni en situación de flagrancia.
“Además, detienen a alguien y ocultan su paradero, niegan el derecho a elegir un abogado propio y obligan a aceptar un defensor público. Las audiencias de presentación deberían ser en tribunales pero se llevan a cabo en centros de detención, restringiendo el acceso a cualquier persona que no sea un defensor público. Esto constituye una violación flagrante al derecho de defensa”, indica Gonzalo Himiob.
Otro aspecto problemático es la “precalificación jurídica del delito”, tildando a todos los detenidos de “terroristas” incluso antes de iniciar una investigación, lo que constituye una banalización del término.
Maduro frecuentemente cataloga a los manifestantes como “terroristas”, “delincuentes” y miembros de “bandas de nueva generación”.
“Todos los agitadores van a terminar en Tocorón y Tocuyito, penales de máxima seguridad”, manifestó Maduro en alusión a estas cárceles que por años estuvieron bajo el yugo de grupos criminales como el Tren de Aragua.
A pesar de los intentos por contactar al Ministerio Público para obtener su postura, no ha habido respuesta.
“Elimina eso”
Desde Europa, Juan (nombre ficticio) relata cómo su madre, residente en El Cementerio, una comunidad popular de Caracas, presencia cómo la policía exige revisar los teléfonos móviles de la gente.
“Ella ahora teme que revisen su celular y sale sin él, borrando nuestra conversación cada vez que discutimos sobre la situación del país”, me cuenta.
Esta es una preocupación recurrente en cualquier grupo de chat que incluya venezolanos residenciados en el país.
“No menciones eso”, “No compartas eso, nos pones en riesgo a todos”, “Elimina eso inmediatamente por nuestra seguridad”, “Borra, borra, borra”. Así sucesivamente, incontables mensajes sobre temas que, desde fuera, podrían parecer completamente inocuos, como chistes u opiniones políticas.
El temor es tan grande que el anonimato se ha vuelto común no solo en los testimonios para esta nota, sino también en las firmas de artículos periodísticos en medios nacionales, que ahora usualmente publican bajo el nombre genérico del equipo.
Incluso en la esfera cultural. La Revista Casapaís (Uruguay) anunció en redes sociales que “debido a la represión de la dictadura de Maduro”, publicarían trabajos de autores venezolanos bajo seudónimos: “Revelar sus nombres significaría cárcel y muerte”.
Un perfil distinto en la “Operación Tun Tun”
Junto a las masivas detenciones en zonas populares, existe otro blanco específico: activistas políticos, militantes opositores o individuos involucrados en la recopilación de actas el día de las elecciones.
Recientemente se detuvo al exdiputado opositor Freddy Superlano junto a dos colaboradores. En un video difundido por el partido opositor de María Corina Machado, Vente Venezuela, se observa cómo personas no identificadas y encapuchadas se los llevan justo al intentar ingresar a un domicilio.
Aurora Silva, esposa de Superlano, denunció este martes que aún no ha podido verlo.
Un caso destacable es el de la exfiscal Maglen Marín Rodríguez, encarcelada por el delito de “retraso u omisión intencional de funciones” al no “procesar a cuatro sujetos” implicados en manifestaciones, según el Fiscal general del Estado, Tarek William Saab, en su cuenta de X (antes Twitter).
Otro grupo de detenidos incluye a activistas y defensores de Derechos Humanos. Por ejemplo, Edni López, también profesora, fue detenida el domingo en el aeropuerto de Maiquetía, sirviendo a Caracas, al ser informada que su pasaporte estaba anulado.
La cancelación de pasaportes se perfila como otra faceta de la “Operación Tun Tun”.
“Es una práctica registrada desde hace tiempo, pero ahora observamos una aplicación más sistemática”, comenta Valentina Ballesta.
Bajo estricto anonimato y desde un lugar de acogida temporario, nos habló Patricia (nombre ficticio), activista.
“Esto es un impacto emocional devastador. Activas protocolos de seguridad que jamás creíste necesarios, eliminas chats, no sales de tu escondite, si lo haces es con extrema precaución, sin llevar el teléfono… Y ahora me entero de que han anulado mi pasaporte”.
BBC Mundo ha podido confirmar que a al menos 15 individuos, entre activistas, académicos y periodistas, se les han cancelado sus pasaportes. La cifra exacta aún es incierta y ninguna autoridad ha ofrecido declaraciones al respecto.
“El miedo es abrumador. Aunque te acostumbras, no es una situación normal”, indica Patricia.