La solidez de las entidades responsables de la organización de los comicios en nuestro entorno es un hecho indiscutible. La sospecha hacia estos procesos ha disminuido significativamente. Los disturbios generados por comicios fraudulentos empujaron las mejoras hasta alcanzar una fiabilidad en los procedimientos.
El desarrollo tecnológico, la habilidad de los trabajadores de las elecciones, la colaboración y el compartir saberes, fomentados por entes como la Asociación de Entidades Electorales de Centroamérica y del Caribe, la Unión Interamericana de Entidades Electorales y el Centro de Consultoría y Promoción Electoral, son factores que contribuyen a elecciones más justas. Es importante destacar también el monitoreo de estos eventos por parte de las Misiones de Observación Electoral, algunas con claras preferencias, aunque ejercen su labor de manera cuidadosa.
Anteriormente a los sucesos de Venezuela, la era de anarquía electoral, de los fraudes flagrantes, de la destrucción de urnas, el despotismo militar usurpando derechos, la autocracia interfiriendo en los escrutinios y obstruyendo el resultado final del proceso, las intromisiones de ciertos “honorables” tanto nacionales como internacionales criticando el esfuerzo de quienes organizan las elecciones, ya había terminado. El foco de las organizaciones especializadas en materia electoral se había trasladado hacia temas como la desinformación, que rodea a estos órganos y los deja vulnerables a rumores y falsedades, y la tendencia a judicializar los problemas – conflicto entre la ley electoral y decisiones judiciales.
El evento del 28 de julio en el país de Bolívar significó un marcado retroceso en materia electoral. La falta de madurez de un líder irresponsable transformó la entidad encargada de las elecciones en un títere de sus ambiciones de perpetuación en el poder. Maduro declaró su victoria sin las actas necesarias y mediante maltratos. Rechazando el recuento, recurrió a uno de sus tribunales buscando veredictos anticipados.
En 2017, tras las elecciones en Ecuador que no convencieron a la oposición, el candidato derrotado pidió un recuento. Lenin Moreno, el candidato oficialista, se medía contra Guillermo Lasso. El Consejo Nacional Electoral no declaró a un ganador y convocó a un recuento público. Se revisaron 3,865 actas -equivalentes a un millón, 250 mil votos-. Este procedimiento ratificó los resultados, y en algunas zonas, el candidato del gobierno incrementó ligeramente su porcentaje.
La única forma de combatir la fusión de los órganos electorales con el gobierno en turno es mediante acciones concretas. En algunas naciones, para disminuir la desconfianza hacia su imparcialidad, la duración del mandato de las autoridades electorales supera el ciclo gubernamental, asegurando que el relevo no coincida con un cambio de administración. En situaciones de reelección presidencial, como es el caso actual en la República Dominicana, se hace esencial mantener a los trabajadores electorales, pues cualquier sustitución podría ser meramente simbólica.
La conversión del ente electoral en un aliado constituye una transgresión grave. La autoridad que se mantiene íntegra se exalta y garantiza la continuidad del estado de derecho. Es complejo para quienes detentan el poder aceptar un resultado desfavorable, y más aún cuando el poder es ilimitado. Aquello de “el que gana, gana” y “si pierdes, te vas”, funciona maravillosamente bien desde el poder, pero no cuando se enfrenta a la derrota. Con amenazas y actos de intimidación, el heredero de Chávez refuerza el autoritarismo y aniquila la democracia sin ningún pudor. Furioso, su discurso confuso somete a millones a vejaciones inauditas. Permanecer indiferentes no es una opción viable.
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