La preocupante situación del bienestar en República Dominicana
El desafío del bienestar en República Dominicana
La marcada presencia del ámbito estatal en la economía y en la garantía de las exigencias de la población ha sido uno de los aspectos característicos de las naciones pertenecientes a la Unión Europea, con el propósito de alcanzar mayores niveles de bienestar social. A esto se le ha reconocido como Estado Benefactor.
Ampliar el Estado del Bienestar ha centrado su atención en asegurar amparo social a todos los habitantes. Únicamente el gasto social representó el 27.2% del Producto Interno Bruto en el año 2022, multiplicando así el gasto total del sector público de República Dominicana en esos términos por 1.5 veces. Esta inversión se divide entre gastos en pensiones, desempleo, salud, asistencia social, educación, vivienda, entre otros, absorbiendo una parte considerable de los recursos públicos, que en algunos países de esa región supera incluso más de la mitad del PIB.
El panorama internacional del bienestar
Para asegurar un nivel básico de bienestar para todos, incluyendo un auténtico sistema de protección social que atienda las necesidades primordiales y resguarde a las personas frente a riesgos económicos y sociales como la falta de empleo, enfermedades, discapacidades y la vejez, es fundamental. A raíz de esto, los países desarrollados presentan los mejores indicadores de desarrollo humano. Los integrantes de la Unión Europea clasifican como países de desarrollo humano muy elevado, según el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas del año 2023.
La realidad de República Dominicana
Contrariamente, en República Dominicana se observa una escasa intervención del sector público en la economía y en la cobertura de las necesidades esenciales de la población. El gasto público apenas supone el 18.5% del PIB, y el gasto social constituye únicamente el 4.1% del PIB, tan solo una fracción del total en la Unión Europea.
Una muestra concreta de lo anterior es la distribución de las personas mayores de 65 años por fuentes de ingresos en el país, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el año 2021, el 15.8% recibe solo pensión, el 2.2% recibe ingresos del trabajo y pensión, el 24.6% recibe solo ingresos del trabajo, y el 57.4% no recibe ni ingresos del trabajo ni pensión. Esta situación supone un gran desafío para la nación, ya que el porcentaje de personas mayores de 65 años sin ingresos es uno de los más altos en Latinoamérica, solo superado por El Salvador.
Comparativa entre regiones
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos se propusieron crear sociedades inclusivas en beneficio de todos los ciudadanos, asegurando el derecho a un nivel mínimo de vida acorde con su dignidad. Sin embargo, esto implica un costo que ha debido ser asumido.
Es en ese objetivo que aspiramos a lograr, pero ¿a qué precio?