El grupo de trabajo especial designado por la Cámara de Diputados para analizar la propuesta del nuevo Código Penal ha decidido sugerir alteraciones en diversas secciones, específicamente en los artículos 14, 20, 24, 73, 86, 87, 89, 109, 111, 113, 123, 127, 130, 132, 133, 135, 136, 139, además de las secciones 140, 161, 220, 288, 289, 290, 295, 302 y 328.
Esta serie de recomendaciones de cambio fue compartida por el presidente del comité especial, Alexis Jiménez, durante su intervención en el encuentro semanal organizado por el Grupo de Comunicaciones Corripio.
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La responsabilidad de seguir implementando los cambios necesarios recaerá en los legisladores entrantes, que asumirán sus cargos el 16 de agosto.
Miembros de la comisión que presentarán renuncia
Además del líder del comité, Alexis Jiménez, varios miembros como Rafaela Alburquerque de González, Máximo Castro Silverio, José Horacio Rodríguez, Rosa Hilda Genao Díaz, Ysabel de la Cruz Javier, Servia Familia Echavarría, Saury Antonio Mota Ramírez y Fior Daliza Peguero, terminarán su mandato y, por lo tanto, dejarán la comisión. Otros integrantes activos incluyen a Eugenio Cedeño y Cruz, Gustavo Sánchez, entre otros destacados legisladores.
Jiménez enfatizó la importancia de que los ciudadanos se familiaricen y tomen control del contenido del código, ya que representa un beneficio colectivo para la sociedad.
Adicionalmente, el impulso de estas modificaciones refleja un compromiso continuo con el desarrollo legislativo, promoviendo un marco legal que responda eficazmente a las necesidades de la comunidad. El proceso de modificación del Código Penal es un claro ejemplo de la dinámica de revisión y actualización constante que requiere la legislación para mantenerse alineada con los cambios sociales y garantizar protección efectiva y justicia para todos los ciudadanos.
En este sentido, la participación activa de los miembros de la Cámara de Diputados, junto con la inclusión de aportes de la sociedad, es fundamental para lograr una legislación que verdaderamente represente y salvaguarde los intereses de la población. Este procedimiento demuestra la importancia de un enfoque colaborativo en el proceso legislativo, donde el diálogo y el consenso entre los distintos sectores son esenciales para alcanzar resultados óptimos que fortalezcan el tejido social y el sistema de justicia del país.