Precaución: Advertencia acerca de la negligencia gubernamental
Incumplimiento de Declaración Jurada de Patrimonios
La directora de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) Milagros Ortiz Bosch ha alertado sobre la falta de cumplimiento de la Declaración Jurada de Patrimonios según lo establecido en la Ley 311-14, lo que denota un desconocimiento de la autoridad estatal.
Es importante destacar que este incumplimiento no solo afecta la transparencia en la gestión pública, sino que también socava la confianza en las instituciones gubernamentales. Ortiz Bosch enfatiza la necesidad de mantener la integridad en el manejo de los recursos públicos.
Transparencia en la gestión gubernamental
En otro orden de ideas, la ex vicepresidenta de la República señala la importancia de mantener la coherencia en los contratos gubernamentales y evitar situaciones como las ocurridas con la empresa Transcore Latam SRL. Esta situación evidencia la fragilidad en el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contratación pública.
La promoción de la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales y garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos.
Compromiso con la transparencia y la democracia
En consonancia con lo antes mencionado, el Senado de la República ha demostrado su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas al promover la Ley de Libre Acceso a la Información Pública 200-04. Esta iniciativa busca garantizar el derecho de la población a acceder a información veraz y oportuna sobre la gestión pública y los recursos estatales.
La participación ciudadana es clave para fortalecer la democracia y fiscalizar la gestión gubernamental, por lo que es necesario fomentar la cultura de la transparencia y el acceso a la información en todos los órganos del Estado.
Compromiso con la integridad y la legalidad
En esta línea, es imperativo que las autoridades cumplan con sus obligaciones en materia de declaración jurada de patrimonio y transparencia en la gestión pública. El incumplimiento de estas obligaciones no solo es una falta ética, sino que también pone en riesgo la credibilidad de las instituciones gubernamentales.
Es responsabilidad de todos los actores políticos y de la sociedad en general velar por el respeto a la ley y la transparencia en la gestión de los recursos públicos, en aras de fortalecer la democracia y garantizar el desarrollo sostenible del país.