Una concatenación de agrupaciones comunitarias y sociales, incluyendo el Foro Ciudadano, la coordinadora de movimientos populares y la Alianza por los Derechos y la Dignidad de las Mujeres, junto a numerosos ciudadanos que se congregaron el pasado miércoles 24 de julio frente a la sede del ejecutivo, han solicitado al mandatario Luis Abinader la promulgación de un nuevo Código Penal que erradique la impunidad y asegure la protección de los derechos individuales.
A lo largo de la protesta, se leyó un documento en el que se expresó: “Durante más de un cuarto de siglio, diversas facciones dentro de nuestra comunidad han clamado por un código legal que defienda los derechos fundamentales y se enfrente a la corrupción y al delito de forma efectiva. Nuestra aspiración es tener un Código Penal robusto que erradique la impunidad, refuerce nuestra estructura democrática, elimine las formas de violencia y promueva una cultura de respeto y paz”.
Manifestaron su preocupación por los nuevos esfuerzos por deslegitimar el deseo de la sociedad dominicana de actualizarse con un Código Penal moderno y eficaz. Las voces sociales y de la ciudadanía se alzaron para no permitir que se apruebe una propuesta legislativa que se ve como un retroceso para la nación, referenciando el debate en curso en la Cámara de Diputados tras la aprobación en el Senado.
Dirigiéndose al presidente Luis Abinader y la cúpula del PRM, el mensaje fue claro: “Señor presidente, como máximo representante del Estado y líder del PRM, y contando con una mayoría sin precedentes en el Congreso Nacional, es tiempo de honrar las promesas hechas al pueblo dominicano y asegurar un Código Penal que salvaguarde a los niños y niñas, ampare la vida y la salud de la mujer, combata la discriminación, permita una lucha efectiva contra la corrupción y excluya previlegios a grupos eclesiásticos y militares. La atención del país está puesta en esta decisión”, destacaron los manifestantes.
Se destacó el compromiso de la sociedad en mantenerse vigilante y rechazar cualquier retroceso en esta y futuras reformas que pudieran poner en riesgo el bienestar de la población dominicana.
Desde el Foro Ciudadano hasta las calles frente al Palacio Nacional, la unidad mostrada por las múltiples voces en esta protesta resalta la determinación de la sociedad dominicana no solo en este tema, sino como un ejemplo de participación ciudadana activa en la gobernanza del país. Este evento no solo ha sido un llamado a la acción para el gobierno sino también un recordatorio del poder y la importancia del cuerpo social en el proceso democrático.
La insistencia por parte de la sociedad en priorizar un enfoque legislativo que realmente considere y proteja los intereses del colectivo, refleja la creciente conciencia y rechazo a la perpetuación de sistemas que favorecen la impunidad. Es un claro mensaje al sistema político del país sobre la necesidad de evolucionar hacia prácticas más inclusivas y justas, que verdaderamente sirvan al pueblo.
La respuesta del Gobierno frente a este asunto no solo definirá el futuro del Código Penal sino que también marcará una pauta sobre la verdadera disposición de escuchar y actuar conforme a las necesidades y anhelos de su población. La importancia de este momento radica en su capacidad para transformar constructivamente las bases de la legalidad, la equidad y la justicia social en la República Dominicana.