El mandatario Luis Abinader ha tomado la decisión de no incluir dentro de la nueva reforma constitucional cualquier cambio que afecte la estructura del Consejo Superior del Ministerio Público.
Durante un evento en Santiago, enfocado en las discusiones del proyecto de reforma de la Constitución, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, compartió esta determinación.
“La decisión del mandatario Abinader fue dejar fuera cualquier modificación a las disposiciones constitucionales relacionadas con la estructura del Consejo Superior del Ministerio Público de la nueva reforma”, explicó Peralta.
Recientemente, varios grupos de fiscales expresaron su desacuerdo con la idea de sacar el Consejo Superior del Ministerio Público del texto constitucional.
Luego de entablar diálogos con asociaciones de fiscales a nivel nacional, Peralta informó que la decisión de trasladar la definición de la conformación del CSMP a una normativa ordinaria no figura entre las prioridades actuales, siguiendo la línea de un comportamiento democrático, representativa del presidente Abinader.
La modificación propuesta pretendía suprimir el artículo 174 de la Constitución, que establece los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, indicando en su lugar que sería una ley ordinaria la que determinaría su funcionamiento y estructura como ente de gobierno interno.
Anteriormente, Peralta había aclarado que cualquier cambio en la propuesta para la Reforma Constitucional se limitaría a aspectos formales, manteniendo intacto el contenido esencial de la misma como un reflejo de la intención del Presidente Abinader por asegurar la independencia del Ministerio Público.
Esta decisión enfatiza la importancia de mantener una estructura sólida y definida para el Consejo Superior del Ministerio Público, buscando preservar su independencia y eficacia. La determinación suscitó diversas opiniones entre el sector legal y político, evidenciando el debate en torno a cómo equilibrar la autonomía de entidades como el Ministerio Público con la necesidad de reformas constitucionales efectivas. La medida, aunque controversial para algunos, pone de relieve el compromiso de la administración actual por favorecer un enfoque prudente y considerado hacia las reformas legales.