Al culminar la Primera Legislatura Ordinaria del año 2024, el anhelado proyecto de renovación del Código Penal no logró obtener el aval necesario para su aprobación por parte de la Cámara de Diputados, clausurando así el cuatrienio legislativo sin avances significativos en esta materia.
A pesar de los esfuerzos encabezados por Alexis Jiménez, quien fue designado por Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara, para liderar una comisión especial enfocada en alcanzar un consenso sobre la modernización del Código Penal, este ciclo legislativo culminó sin resultados concretos. La comisión no solo no completó el análisis de los 419 artículos propuestos, sino que cesó su análisis en el artículo 124, dejando pendiente la discusión sobre las dos variantes del proyecto de ley propuestas por otros miembros del congreso.
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Ante esta situación, los 19 miembros de la comisión especial presentaron un informe de labores ante un escenario de disputas y diferencias sobre el contenido del nuevo Código. Legislativos salientes, tanto senadores como diputados, enfrentan la disyuntiva moral de no haber logrado aprobar una reforma del código penal demandada firmemente por la sociedad durante las últimas décadas, a pesar de haber dedicado cuatro años de debates legislativos y más de tres intentos por concretar su aprobación.
Según Mercedes Rodríguez, del PLD, el proceso de aprobación parecía estar destinado al fracaso, situación que ella atribuyó a la falta de compromiso por parte del PRM, así como a la intervención de múltiples intereses y a una ausencia de decisión política. Hamlet Melo, también del PLD, destacó que, pese a los esfuerzos realizados, faltó la voluntad auténtica para materializar la renovación del código. Ambos expresan su deseo de que la próxima asamblea legislativa tenga éxito en esta tarea.
Por su parte, José Horacio Rodríguez, representante del Partido Opción Democrática y uno de los impulsores de la propuesta de reforma, concluyó su participación en el proceso legislativo con la certeza de que la propuesta principal de actualización del código penal no refleja adecuadamente las necesidades de protección y garantía de los derechos de la ciudadanía.
Este escenario refleja la complejidad y los desafíos inherentes a la implementación de cambios legislativos profundos en materias de justicia penal, resaltando la importancia de una voluntad política cohesionada y comprometida con los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales.
La finalización de esta etapa legislativa sin la aprobación del Código Penal demuestra una vez más la dificultad de alcanzar acuerdos en temáticas tan críticas y necesarias para el avance y la modernización de la sociedad. La expectativa ahora recae sobre los hombros de los futuros legisladores, quienes tendrán la responsabilidad de retomar este desafío, esperando que puedan actuar con la diligencia y el compromiso necesario para responder de manera efectiva a las demandas y necesidades de justicia de la población.