Ayer, dos distinguidos especialistas en derecho constitucional evaluaron la reforma constitucional sugerida por el presidente Luis Abinader. Aunque coinciden en la propuesta de sincronizar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, y de limitar la reelección presidencial a dos términos seguidos sin posibilidad de reelección posterior, expresaron opiniones divergentes sobre la elección del fiscal general de la nación y la instauración de una cláusula inamovible en cuanto a las reglas de elección presidencial.
Los abogados Nassef Perdomo y Olivo Rodríguez Huertas expusieron sus perspectivas en el Almuerzo Semanal organizado por el Grupo de Comunicaciones Corripio.
Respecto a la autonomía del Ministerio Público, un punto clave que el gobierno busca reforzar con esta reforma, Perdomo advirtió que la Constitución ya define a este organismo como una entidad con gubernamentalidad, incluyendo una carrera para el Ministerio Público y autonomía presupuestaria.
También comentó que, aunque el fiscal general no puede dar órdenes directas a un fiscal, sí puede proporcionar directrices, manteniendo la autonomía interna.
Sobre el tema de la inmovilidad de los fiscales, lo calificó como algo sumamente negativo. Se refirió a la reciente crisis política en Guatemala como un claro ejemplo de los riesgos asociados con dicha inmovilidad, subrayando cómo una procuradora en Guatemala intentó manipular los resultados electorales, afectando severamente la estabilidad política de ese país.
Destacó que este caso guatemalteco demuestra cómo la medida, inicialmente pensada como una forma de combatir la corrupción, puede tener consecuencias indeseadas, como la participación política de fiscales supuestamente neutrales.
Recalcó la importancia de evitar una situación similar en República Dominicana, donde el poder concentrado en la figura del fiscal general, combinado con leyes contra el lavado de dinero y extinción de dominio, podría derivar en escenarios complicados sin soluciones factibles.
Asimismo, aplaudió la decisión de excluir al fiscal general del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), argumentando que su presencia en dicho organismo, encargado de designar jueces, representaba un conflicto de interés evidente.
Propuso, entonces, que el presidente de la República nomine al fiscal general, sujeto a la aprobación o rechazo del Senado, siguiendo un procedimiento similar al empleado para los embajadores.
Análisis y perspectivas
Por otro lado, Olivo Rodríguez Huertas mostró su respaldo a los cambios propuestos en la reforma constitucional por el ejecutivo.
Consideró que los ajustes propuestos para el Ministerio Público consolidarían aún más su autonomía, una característica ya profundamente arraigada en la Constitución del 2010.
Resaltó la propuesta de alinear el término del fiscal general con el del presidente como una medida políticamente sensata, sumando su preferencia por que el CNM realice dicha selección, siempre y cuando los candidatos reúnan las cualidades necesarias para asegurar su competencia e imparcialidad. Esto, en un intento por prevenir situaciones adversas como la vivida en Guatemala.
Además, calificó de favorable el enfoque adoptado hacia la reelección, comparable al modelo estadounidense, elogiando la intención presidencial de promover la alternancia en el poder.
También defendió la iniciativa de modificar la “cláusula inamovible” establecida en el artículo 268 de la Constitución, con miras a prevenir cambios oportunistas por futuros presidentes.