El sistema judicial de Tailandia tomó la decisión de remover de su puesto al Primer Ministro, Srettha Thavisin, el miércoles 14 de agosto, acusándolo en una controversia ética, lo que ha generado un nuevo episodio de incertidumbre política en el país.
Desde la sede gubernamental en Bangkok, Srettha Thavisin expresó ante los medios su aceptación de la decisión judicial. “He dedicado mi esfuerzo al máximo, conduciendo este país con integridad durante mi tiempo en el cargo”, aseguró. Contrario a lo que muchos anticipaban, el Primer Ministro fue destituido, pese a su previa confianza y su elección de no presentarse frente al Tribunal Constitucional ese día. La política en Tailandia, una vez más, demuestra su volatilidad, según reportó Valentin Cebron, enviado especial de RFI en Bangkok.
El Tribunal Constitucional, a través de un veredicto divido de cinco a cuatro, encontró al Primer Ministro culpable de violar la ley por incluir en su equipo de gobierno a un abogado que había sido encarcelado por delitos de corrupción. Esta decisión, leída por el juez Punya Udchachon, destaca la falta de “prueba de honestidad” al designar a Pichit Chuenban, condenado en 2008, lo que llevó a la pérdida de cargos de todo el gabinete gubernamental.
Un futuro incierto
El 30º Primer Ministro de Tailandia ha tenido que dejar su cargo abruptamente antes de cumplir un año, trayendo consigo aún más turbulencia a la ya inestable esfera política del reino. Ahora, el gobierno queda disuelto y, mientras el Parlamento decide sobre su sucesor en breve, un viceprimer ministro ocupará el cargo de manera provisional. Solo aquellos que participaron como candidatos a Primer Ministro en las elecciones legislativas más recientes son elegibles para ser considerados para el liderazgo del país, incluidos dos exgenerales vinculados al golpe de Estado de 2014.
Esta nación, la segunda economía más grande de Asia Sudoriental, está familiarizada con las periódicas crisis políticas y ha vivido largos periodos de inestabilidad y manipulación política por parte de las fuerzas armadas y el poder judicial. Sus divisiones internas son profundas, especialmente entre el bloque militar-monárquico y las facciones progresistas.
Recientemente, el Tribunal Constitucional tomó la medida de disolver el principal partido opositor y prohibir a su líder, Pita Limjaroenrat, participar en política por diez años, decisión que ha sido cuestionada por la Organización de las Naciones Unidas y varias organizaciones pro derechos humanos. La Constitución de 2017 exige que los ministros demuestren “integridad evidente” y un comportamiento conforme a los estándares éticos.
Estos eventos judiciales sucesivos subrayan la realidad de que en Tailandia el control político no reposa en las urnas ni en el Parlamento, sino en un sistema judicial que se inclina hacia los intereses del establishment militar y conservador, como señalan los expertos.