El abogado Nassef Perdomo abordó las implicaciones de la propuesta para reformar la Constitución con el fin de reducir el número de diputados, señalando que podría generar inconvenientes que actualmente no enfrentamos.
Perdomo expresó que no encuentra fundamentos sólidos en ninguna de las razones presentadas a favor de esta medida y advirtió sobre la emergencia de complicaciones no presentes hasta el momento. “Los argumentos proporcionados para respaldar esta iniciativa no me convencen, y preveo la aparición de problemas nuevos”, agregó.
El jurista criticó las razones económicas detrás de esta iniciativa, destacando que el ahorro proyectado no justifica los cambios. Según detalló, el presupuesto asignado a la Cámara de Diputados es de 6,000 millones de pesos, y la reducción propuesta solo rebajaría el presupuesto en 1,500 millones de pesos, lo que apenas constituye un 0.1% del Presupuesto Nacional, una cifra poco significativa.
Además, señaló un inconveniente que ha pasado desapercibido en el debate público: la existencia de un número mínimo de representantes que cada provincia debe tener según la Constitución, que es de al menos dos diputados, con asignaciones subsiguientes sujetas a ajustes técnicos. “La propuesta de disminución de diputados ignoraría el requerimiento constitucional mínimo de representación por provincia, desembocando en problemas de representatividad no anticipados”, explicó Perdomo.
El análisis de Perdomo sobre este asunto se llevó a cabo durante una intervención en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, donde planteó sus observaciones y preocupaciones acerca de la propuesta.
Añadiendo a estos argumentos, es importante considerar que la representación política es un pilar fundamental en una democracia, y cualquier cambio en la estructura legislativa debe ser evaluado cuidadosamente para evitar comprometer la efectividad y el equilibrio del sistema político. La propuesta de reducir el número de diputados, aunque pueda parecer beneficiosa desde una perspectiva de ahorro fiscal, implica riesgos significativos para la representatividad y funcionamiento democrático.