Problemas de organización debido a dimisiones en autoridades locales
Un especialista en temas municipales, Waldys Taveras, señala que las dimisiones del alcalde y la vicealcaldesa de La Vega, Kelvin Cruz y Amparo Custodio respectivamente, generan un vacío en la estructura gubernamental, puesto que la Ley 176-07 establece que en estas circunstancias el presidente del Concejo de Regidores debe informar a la presidencia de la República para que actúe conforme a la Constitución.
Según explica Taveras, la Constitución del 2002 otorgaba al presidente de la República la facultad de llenar las vacantes de alcaldes y regidores, sin embargo, la versión del 2010 eliminó esta disposición.
También es relevante resaltar que la renuncia de la vicealcaldesa, Amparo Custodio, añade complejidad a la situación, al negarse a asumir la alcaldía tras la salida de Cruz, lo cual plantea un precedente institucional de riesgo.
Ante esta problemática, se sugiere al presidente que se realice una modificación urgente en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Distrito Nacional y los Municipios, a fin de establecer un protocolo claro para estos escenarios inesperados que pueden afectar la estabilidad institucional.
Por otra parte, es importante destacar que desde el año 2010 se esperaba la aprobación de la Ley Orgánica del Gobierno Local para su adecuación a la Constitución vigente en ese periodo.
En cuanto a la ley existente, Taveras aclara que esta establece que el Concejo de Regidores tiene la responsabilidad de designar de manera provisional a un secretario general para asumir la gestión de la Alcaldía de forma interina, como se llevó a cabo recientemente.
Contexto relevante
El hecho de que el exalcalde Kelvin Cruz ocupara un cargo en el Ministerio de Deportes antes de su dimisión, seguido de la renuncia de la vicealcaldesa, representa un vacío institucional significativo y sienta un precedente problemático, dado que Cruz fue elegido por un periodo de cuatro años mediante voto popular directo.
Para resolver esta situación, es imperativo que se tomen medidas con prontitud para evitar un deterioro en la organización gubernamental a nivel local y garantizar el cumplimiento de las normativas establecidas en la legislación vigente.