En el reciente proceso llevado a cabo por el Ministerio Público, se consiguió el aval a dos acuerdos de oportunidad de un total de seis que restaban por ser ratificados, correspondientes a igual número de implicados en el denominado caso Calamar. Previamente, el 24 de julio, se había logrado una ratificación similar.
Baldemar Ovalle Sánchez y Camilo Andrés Peña Henríquez son ahora beneficiarios de este procedimiento, que les brinda la posibilidad de ser eximidos por el MP de la persecución penal en relación con uno o más delitos imputados dentro del caso Calamar, a cambio de reconocer su responsabilidad, devolver los activos implicados y colaborar con la justicia como informantes.
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La imputación oficial en este caso, que señala como cabecillas a los exfuncionarios gubernamentales Donald Guerrero y José Ramón Peralta, acusa a Ovalles Sánchez y Peña Henríquez de aliarse con el exsenador y coimputado Rafael Calderón, con el fin de “crear falsas cesiones de crédito” y, a través de estas, recibir sobornos para facilitar los pagos por expropiaciones de terrenos estatales gestionados por Hacienda.
Otra ratificación judicial
Altagracia Ramírez, jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y encargada del caso Calamar, el 24 de julio también validó un convenio parecido con Víctor Matías Encarnación Montero, anterior director de la OISOE, quien reconoció haber obtenido RD$35 millones por parte del contratista y también imputado Fernando Crisóstomo.
Falta de ratificación para algunos acuerdos
De los siete convenios de oportunidad alcanzados por el MP en el contexto del caso Calamar, quedan aún por validar los correspondientes a Crisóstomo; Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), José Arturo Ureña y Belkis Antonia Tejada Ramírez.
Los herederos-querellantes han expresado su oposición a la ratificación de los acuerdos relativos a Mimilo y Crisóstomos, demandando ser incluidos como beneficiarios en ellos, ya que argumentan ser los verdaderos afectados, en contraposición al Estado dominicano.
Este mecanismo judicial, que busca agilizar los procesos manteniendo la colaboración de los implicados, refleja el compromiso del sistema legal dominicano con procurar soluciones eficaces y justas para resolver casos de corrupción complejos. La inclusión de los querellantes como beneficiarios directos en estos acuerdos podría establecer un precedente para futuros casos, asegurando que todas las partes afectadas reciban la reparación correspondiente.