Porcentaje considerable de autoridades locales aún no han cumplido con su obligación de declaración patrimonial

Una significativa mayoría de las autoridades municipales electas en el último comicio del 19 de febrero no han acatado la obligación legal de declarar sus bienes, informó el grupo activista Participación Ciudadana (PC) este lunes.

De acuerdo con los datos emitidos por la Cámara de Cuentas, tan solo 525 de los 3,849 funcionarios municipales que asumieron cargos han realizado su declaración de patrimonio, lo que corresponde a un escaso 14% del total.

Participación Ciudadana subrayó que esta obligación aplica por igual tanto a los funcionarios que fueron electos por primera vez como a aquellos que han sido reelectos. La ley es clara en señalar que no realizar esta declaración se considera una violación seria, de tercer grado según la Ley núm. 41-08 de función pública, y puede llevar a la destitución del cargo.

Este proceso no solo es un mandato legal sino que actúa como un mecanismo fundamental de control sobre el manejo de los asuntos públicos, siendo un elemento crucial en la prevención y combate a la corrupción dentro de la República Dominicana.

El organismo hace un llamado a las entidades correspondientes para asegurar la cumplimentación de esta obligación y urge a otras instancias a gestionar adecuadamente estos incumplimientos para garantizar la adherencia a las disposiciones establecidas sobre la declaración de patrimonio.

Además de subrayar la importancia de la transparencia y el cumplimiento de las leyes pertinentes, Participación Ciudadana enfatiza el papel crítico que juega la ciudadanía en mantenerse informada y exigir cuentas a sus representantes elegidos. La participación activa de los ciudadanos es esencial para fortalecer los principios de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.

Esta situación pone de relieve la necesidad de una cultura de responsabilidad y ética en la administración pública, donde el cumplimiento de normativas como la declaración de bienes debería ser visto no solo como una obligación legal, sino como un compromiso con la integridad y la transparencia ante la ciudadanía.

La necesidad imperante de transparencia y rendición de cuentas

El escenario actual, marcado por este alto nivel de incumplimiento entre las autoridades municipales, refleja un desafío significativo en el camino hacia una gestión pública transparente y responsable. Es crucial que se tomen medidas efectivas para abordar estas fallas y asegurar que las leyes y regulaciones sean cumplidas de manera rigurosa para fortalecer la confianza pública en las instituciones.

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