Continúan emergiendo obstáculos para la Fiscalía en lo que respecta a ciertos acuerdos bajo la denominación de “Criterio de Oportunidad” en el conocido asunto del Caso Calamar. Esto se debe a que los damnificados por la confiscación fraudulentas de sus terrenos exigen ser parte de dichos acuerdos, aspirando a un reparto anticipado de los beneficios derivados de estos, en contraposición a recibir su parte una vez concluido el proceso legal, como propone la Fiscalía.
Dicha complicación, sumada a un “Acto de Oposición a Pago” emitido contra Mimilo Jiménez Collie y Fernando Crisóstomos Herrera, condujo a que la jueza Altagracia Ramírez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional únicamente ratificara uno de los cinco pactos presentados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) aplazando los demás para una nueva fecha, el 22 de agosto.
Un Acuerdo Homologado
El único acuerdo ratificado involucra al exdirector técnico de la OISO, Víctor Matías Encarnación Montero, quien confesó haber recibido 35 millones de pesos dominicanos (RD$) de parte del empresario Fernando Crisóstomos.
Según abogados defensores de las familias afectadas, la postura de resistencia hacia el pacto de Criterio de Oportunidad suscrito por la Fiscalía con Crisóstomo y Jiménez radica en asegurar que los recursos financieros involucrados no sean distribuidos sin el consentimiento o involucramiento de los herederos De Paola, quienes fueron defraudados con RD$4,700 millones y los Mota, con una deuda de RD$11,000 millones. Estos representantes legales incluyen a José Javier Bidó, Martín Rubiera y Pablo Castillo.
Los representantes de las víctimas subrayan que la disputa proviene de la negativa de la Fiscalía a dividir estos fondos entre las víctimas, alegando que el verdadero perjudicado es el Estado dominicano y no los individuos, a pesar de que fueron funcionarios de este mismo Estado quienes perpetraron los ilícitos. Esta perspectiva se reafirmó tras haber sido pospuesta la audiencia inicial.
Desafíos Pendientes y la Espera del desenlace
Estos constantes obstáculos demuestran las complejidades inherentes al proceso de administración de justicia, particularmente cuando se trata de reparar a las múltiples víctimas de delitos estatales y de corrupción. La posición firme de los afectados y sus representantes legales resalta la necesidad de un marco de solución que atienda tanto a las responsabilidades legales como a las morales, asegurando una compensación justa y oportuna para quienes han sufrido debido a las malas prácticas gubernamentales.
Este escenario deja en claro la importancia de proporcionar soluciones integrales que no solo busquen castigar a los perpetradores, sino también garantizar la justa compensación y reconocimiento a todas las partes afectadas, sin distinciones ni demoras innecesarias. Solo así, puede avanzarse hacia la reparación del tejido social dañado y la restauración de la confianza en las instituciones de justicia.