Persona dominicana acepta culpa en caso de tráfico humano con desenlace trágico
Un individuo de nacionalidad dominicana ha admitido su participación en una conspiración mortal de tráfico ilegal de seres humanos en la isla de Puerto Rico según informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Alcibades de Paz, de 34 años, se declaró culpable de haber facilitado la llegada de ciertos extranjeros a territorio estadounidense, acción que lamentablemente resultó en la pérdida de una vida.
De acuerdo a los expedientes judiciales, el acusado fue identificado como uno de los responsables de una embarcación que trasladaba de forma ilegal a personas, incluyendo a un menor de tres años, desde la República Dominicana hasta Puerto Rico.
El acusado reconoció haber manejado la embarcación durante la operación de tráfico humano. Mientras sus cómplices intentaban evadir a la policía de Puerto Rico que perseguía la embarcación, ésta experimentó una avería; De Paz confesó que ayudó a reiniciar el motor y dirigir la embarcación hacia la costa puertorriqueña. Lamentablemente, la embarcación volcó al llegar a la orilla, resultando en la fatalidad del infante.
En palabras de Nicole M. Argentieri, subsecretaria principal adjunta de Justicia y jefa de la División Criminal del Departamento de Justicia, “Al intentar contrabandear migrantes por vía marítima a los Estados Unidos, Alcibades de Paz intentó evadir a las autoridades y aceleró hacia la playa, una decisión que culminó en la tragedia de un niño de tres años tras el volcamiento de la embarcación. Esta tragedia refleja la absoluta indiferencia por la vida humana por parte de quienes se dedican al tráfico de personas. La División Criminal está comprometida en combatir a estos traficantes que se aprovechan de los migrantes vulnerables.”
Una audiencia de sentencia se programará más adelante y De Paz se enfrenta a una posible cadena perpetua. La sentencia será dictaminada por un juez del tribunal del distrito federal tras considerar las directrices de sentencia de EE. UU. y otros aspectos legales.
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Puerto Rico lideró la investigación de este caso, con colaboración de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) del Departamento de Policía de Puerto Rico (PRPD) y la Patrulla Fronteriza de EE. UU., sector Ramey.
Marie Zisa, abogada de juicio en la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales de la División Criminal, y Emelina M. Agrait-Barreto, asistente del fiscal federal del Distrito de Puerto Rico, se encargan de la prosecución del caso.
Esta investigación forma parte del programa Extraterritorial Criminal Travel Strike Force (ECT), una iniciativa conjunta entre la División Criminal del Departamento de Justicia y HSI. El programa ECT se enfoca en las redes de tráfico de personas que puedan presentar riesgos para la seguridad nacional o pública, así como cuestiones humanitarias. Dispone de recursos dedicados a investigación, inteligencia y enjuiciamiento, y coordina con otras agencias gubernamentales de EE. UU. y autoridades policiales extranjeras para llevar a cabo su labor.
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