En mayo de 2021, Raúl Alejandro Girón Jiménez, exmayor, jugaría un papel decisivo en el destino de cuatro generales y otros oficiales de alto rango, revelando un esquema de fraude al Estado por un valor de RD$4,500 millones durante su testimonio en el juicio principal contra los acusados. Este esquema, que tuvo lugar desde 2005 hasta su desmantelamiento por la Operación Coral en 2021, dejó al descubierto la forma en que se orquestó y llevó a cabo dicho fraude.
Girón, originalmente acusado y luego convertido en testigo del Ministerio Público, confesó nuevamente su participación en los delitos de corrupción administrativa al presentarse frente al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional y delineó las responsabilidades de los generales implicados.
Identificación de los Involucrados
Entre los altos mandos militares mencionados se encontraban Adan Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep); su sucesor, Julio Camilo de los Santos Viola; Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur), y Bonaerges Reyes Bautista, también acusados de participar en el fraude.
Adicionalmente, el fraude se extendió a través de instituciones como el Cusep, el Cestur y el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONANI), donde la esposa de Torres Robiou era directora, y Núñez de Haza se desempeñaba como Director Financiero.
Inicio de la Investigación
Girón narró al tribunal cómo en 2005, siendo asistente en el departamento de nómina de Politur (ahora Cestur), conoció a Núñez de Haza, quien llegó como auditor y más adelante lo llevaría a trabajar bajo su mando en una casa de cambio en la avenida San Martín.
Esta relación dio pie a la introducción de Girón en el esquema fraudulento, mencionando también cómo conoció a la acusada Rossy Guzmán, alias “la Pastora”, en ese contexto, estableciendo un lazo de confianza fundamental para la operación fraudulenta.
Desarrollo del Fraude
Al explicar más detalles, Girón reveló cómo, por instrucciones de Núñez de Haza, manipularon la nómina excluyendo ciertos nombres para desviar esos fondos, que inicialmente ascendieron a más de RD$700,000, hacia cuentas dirigidas por individuos seleccionados, entre ellos Erickson Brens Rosario, identificado como “una cabeza recolectora” dentro de la red.
Según Girón, el volumen de dinero manejado por la trama creció sustancialmente, traduciéndose en la financiación de gastos personales para un general involucrado y Nurys Lantigua, entonces gerente financiera del Banco BHD.
Con la revelación de estas acciones por parte de Girón, el juicio arroja luz sobre las prácticas corruptas que se habían enraizado en algunas de las instituciones más importantes del país, prometiendo así traer justicia y reforma a un sistema marcado por la malversación y el abuso de poder.