El Ministerio Público de Venezuela ha comunicado este lunes que se ha iniciado un proceso de investigación penal en contra de María Corina Machado, destacada figura de la oposición al chavismo, y Edmundo González Urrutia, candidato a la presidencia por la oposición mayoritaria, bajo la acusación de supuesta “incitación a la rebelión”. Esta acción legal surge después de que ambos hicieran un llamamiento a los miembros de la policía y las fuerzas armadas para que cesen la “opresión” atribuida al mandatario Nicolás Maduro.
Mediante una nota de prensa, Tarek William Saab, fiscal general, ha señalado que se procederá a realizar las indagaciones pertinentes ante estas “declaraciones provocadoras” por parte de los dirigentes opositores, quienes instaron a los cuerpos de seguridad a “acatar” los resultados de los comicios del 28 de julio, en los cuales afirman que González Urrutia es el verdadero vencedor, y no Maduro como ha proclamado el Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Este comunicado hace alusión a la posible ejecución de crímenes como usurpación de cargos, divulgación de noticias falsas para generar angustia, incitación al desacato de las leyes, incitación a la rebelión, formación de grupos para delinquir y conspiración”, menciona el documento, divulgado en X por Saab. Este agrega que las acciones de Machado y González Urrutia se realizan “bajo un completo desacato a la Constitución y las leyes”, al declarar un ganador diferente a Maduro en este “documento nulo”.
El manifiesto vuelve a poner de manifiesto las acusaciones de fraude en las elecciones hechas por la principal agrupación opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la “opresión” continuada a las manifestaciones contrarias a la oficialización del gobierno chavista, lo cual ha sido objeto de rechazo por una gran parte de la comunidad internacional.
“Exhortamos a la reflexión de los militares y policías para que se sitúen del lado de la población y sus propias familias (…) Está en sus manos y son capaces de detener estas acciones de inmediato. Les instamos a frenar la embestida desmedida del régimen contra la ciudadanía y a respetar, y hacer respetar, los resultados electorales”, indica el comunicado.
Los detractores del gobierno sostienen que Maduro “rechaza admitir su derrota” -como han manifestado Estados Unidos, Argentina, entre otros países- y, frente a las manifestaciones en repudio a su declaración como presidente -afirman-, “ha emprendido un ataque despiadado contra líderes democráticos, observadores electorales y hasta contra el ciudadano de a pie, con el absurdo propósito de esconder la realidad”.
“Con este atropello masivo a los derechos humanos, la cúpula militar se coloca del lado de Maduro y sus nefastos objetivos (…) Maduro ha efectuado un golpe de Estado que viola toda la estructura constitucional y busca convertirlos (a los efectivos que no forman parte de la élite) en sus cómplices”, afirma el documento.
Aun cuando la autoridad electoral no ha divulgado los documentos oficiales que confirmen el triunfo de Maduro, conforme lo establece la legislación, la PUD ha hecho público “el 81 %” de estos registros, los cuales, según el sector antichavista, demuestran que González Urrutia obtuvo una amplia mayoría, provocando manifestaciones en el país que han resultado en al menos 13 fallecidos y más de 2.000 detenidos.
Este escenario ha aumentado la tensión política en Venezuela, evidenciando una vez más la división profunda que existe en el país. Los acontecimientos recientes subrayan la urgente necesidad de un diálogo inclusivo y respeto a los principios democráticos para solucionar la crisis venezolana.
La comunidad internacional continúa observando con preocupación la evolución de la situación en Venezuela, esperando que se encuentren vías pacíficas y democráticas para superar las diferencias y restaurar la estabilidad política y social en el país.