Desafíos Inesperados en Análisis de Proyecto de Basura Domiciliaria
La inquietud respecto a la reciente aprobación en el Senado de la República de una modificación a la Ley 255-20 de Gestión Integral y Reciclaje de Desechos Sólidos se mantiene presente entre los grupos que representan al mundo de los negocios, quienes afirman que esta decisión se tomó sin un adecuado proceso de participación pública ni una representatividad equitativa en las conversaciones por parte de los sectores productivos.
La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) y la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) creen que se aprobó la modificación sin contar con voces cruciales, como las del Ministerio de Medio Ambiente, el Fideicomiso Público-Privado DO Sostenible y las organizaciones empresariales, lo cual refleja una falta de inclusión que pone en riesgo los pilares de gobernanza, sostenibilidad y participación que respaldan dicha ley.
Según Codopyme, es importante primero priorizar la adecuada ejecución de los aspectos pendientes y asegurar que las reformas reflejen un equilibrio entre las exigencias medioambientales y las posibilidades económicas de los sectores productivos, sobre todo las pequeñas y medianas empresas.
Extra: Impacto Económico y Ambiental de la Nueva Ley
Lamentan que las modificaciones planteadas, que contemplan aumentos desproporcionados en la contribución especial de hasta un 3,750%, susciten serias inquietudes para las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan la base de la economía nacional.
Mientras tanto, Ecored señala que la reforma impactará negativamente la sostenibilidad y la correcta gestión de residuos, teniendo un fuerte efecto en las compañías, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.
Afirman que la Ley 225-20, promulgada en 2020, nació de un consenso amplio entre los sectores público y privado, resaltando la importancia de implementar los puntos pendientes de la legislación vigente antes de considerar cambios.
Además, critican la reforma como un paso atrás en el trabajo de más de diez años para desarrollar competencias en la gestión y valorización de desechos sólidos en el país.