Restricciones en la cobertura informativa gubernamental
Las estrategias de comunicación del gobierno se vuelven una trampa autoimpuesta en su intento por controlar la información que llega a la población.
Se observa un exceso de anuncios y reformas semanales en La Semanal, limitando así el espacio para abordar las preocupaciones ciudadanas a través de un enfoque periodístico.
Se generan expectativas con reformas que luego son manipuladas mediáticamente, como en el caso de la reforma constitucional impulsada por presiones de diferentes actores políticos.
Compromisos incumplidos por parte del Gobierno en cuanto a los plazos establecidos, como en el caso de la reforma laboral, generan desconfianza en la opinión pública.
El retraso en la tan necesaria reforma fiscal provoca inquietud y desincentiva el desarrollo empresarial, tal como han advertido recientemente representantes del sector industrial.
El Gobierno muestra reticencia a abordar reformas fiscales, lo cual podría otorgar mayor poder a sectores influyentes que buscan mantener sus privilegios.
La anunciada reforma administrativa comienza a diluirse al reconocer que no se ajusta a las expectativas, debido a restricciones legales y propuestas de fusión sectorial.
Algunas fusiones propuestas generan descontento y obstaculizan el crecimiento económico, como el caso de la fusión entre los ministerios de Hacienda y Economía.
Las autoridades buscan ganar apoyo público con acciones efímeras que no logran mantener, como la creación de consulados tras la congelación de puestos administrativos.
Las distracciones mediáticas de los funcionarios pretenden desviar la atención de problemas estructurales, mostrando actividades superficiales como enfrentamientos con motoristas ante problemas de tráfico.
La predominante presencia mediática revela información que no favorece al Gobierno ni a quienes la difunden, como el plan para bloquear celulares en prisiones, que evidencia la presencia de tecnología ilegal en manos de los reclusos.
Las autoridades confían en la supuesta falta de memoria colectiva de la ciudadanía para encubrir promesas incumplidas, pero la sociedad reclama una acción efectiva y menos basada en anuncios mediáticos mal concebidos.