La utilización de plataformas de mensajería rápida, como WhatsApp, que generalmente hospeda desde intercambios coloquiales a contenidos de índole formal y social, incluyendo trivialidades y emociones efímeras tanto a nivel personal como grupal, adquiere repentinamente un papel de medidor de las opiniones públicas en asuntos de considerable importancia institucional. Este fenómeno parece orientarse a consolidar apoyos hacia cambios de calado que aún enfrentan oposiciones notables, las cuales podrían minar su credibilidad constitucional. Dichas vías carecen de cualquier fundamento legal, científico o estadístico que respalde su uso como un reflejo fiel del deseo de la población. Este eco, que se beneficia de la prevaleciente preferencia por internet para difundir lo positivo y lo negativo, en este escenario, se limita a ser un medio promocional para impulsar una iniciativa estatal sin representación clara, mostrando una táctica ventajista. Se argumenta que la alternativa más legítima, un referéndum que esclarecería las preferencias del público towards importantes documentos como la Constitución o el Código Penal, no es viable por la ausencia de una ley complementaria.
El caso presente resalta una oportunidad de implementar una medida que, aunque urgentemente requerida, podría recibir un amplio respaldo en términos de votos, permitiendo así que la voz de la ciudadanía se escuche con autoridad. Este escenario propone llenar un vacío legislativo que tranquilizaría a la opinión pública y facilitaría la adopción de una vía rápida para importantes decisiones nacionales.
Adicionalmente, el giro inesperado hacia el uso de plataformas digitales para la obtención de consenso sobre temas significativos podría interpretarse como una democratización superficial de las discusiones políticas. Sin embargo, esta aparente inclusión digital no sustituye los procesos deliberativos que requieren de una base legal sólida y un análisis profundo para su legítima implementación y aceptación.
La necesidad de encontrar alternativas legítimas para la toma de decisiones políticas y sociales críticas, se respalda en la urgencia de fomentar métodos que garanticen la participación ciudadana de manera efectiva, justa y legalmente reconocida, asegurando así la legitimidad y la estabilidad de los procesos institucionales en cuestión.