Colectivos en conflicto y su impacto en productos de consumo masivo
La organización Ciudad Alternativa junto al espacio Justicia Fiscal (JF) consideran imprescindible que el Gobierno promueva una modificación en el sistema tributario que exima de gravámenes a los productos básicos y que este proceso cuente con la participación de todos los sectores de la sociedad, tal como lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
Se plantea la necesidad de establecer un acuerdo nacional para reducir al mínimo la evasión fiscal, lo que permitiría al Gobierno recaudar sumas millonarias y así evitar la necesidad de aumentar los impuestos para la población.
Mejora en la recaudación fiscal como alternativa a la reforma
Se revela que si el Gobierno logra optimizar la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y de Servicios (ITEBIS), la reforma podría incluso no ser requerida.
En este sentido, la eficiencia en la recaudación de estos dos impuestos, junto con la reducción de exenciones fiscales, permitiría al Estado ingresar más de RD$350 mil millones, en contraste con los RD$145 mil millones que se obtendrían con la actual propuesta de reforma presentada por el Poder Ejecutivo. Se aboga por la revisión de algunas exenciones y subsidios, señalando sectores como el turismo, zona franca, minería, energético, entre otros, que han gozado de beneficios estatales durante décadas.
Por su parte, Ricardo González, director ejecutivo de Ciudad Alternativa (CA), destaca la importancia de que las personas más vulnerables sean los principales beneficiarios, enfatizando la necesidad de eliminar la desigualdad generada por el sistema tributario actual.
En sus palabras, “Es fundamental que la reforma que se implemente sea integral y progresiva, protegiendo el derecho a la subsistencia de las familias más necesitadas y evitando gravar el consumo de alimentos básicos, ya que esto encarecería la vida de los sectores vulnerables”.
Además, se critica la forma en la que se planea aplicar ciertos impuestos, como el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI), sugiriendo que su implementación debería ser gradual.
Se sugiere que, en este aspecto, las personas de clase media baja deberían quedar exentas de impuestos para viviendas valuadas en siete u ocho millones.