Desafíos y requerimientos para la implementación de cambios en la legislación fiscal

Retos y requisitos para la modificación de reglamentaciones fiscales

Se reconoce la necesidad de una actualización en el sistema tributario en la actualidad al considerar que durante ciertos períodos históricos el porcentaje de inversión en infraestructura era significativamente mayor al de los gastos corrientes. Actualmente, esta proporción se ha invertido, lo que se ve reflejado en que una parte mínima se destina a inversiones. Este cambio se debe en parte a un largo historial de déficits presupuestarios que han sido cubiertos mediante préstamos, lo que ha generado que una cuarta parte de los ingresos por impuestos se utilicen para pagar deudas.

Además, la crisis generada por la pandemia del Covid-19 ha requerido la implementación de programas de subsidios como la tarjeta Solidaridad. Otro factor que incide en los altos gastos corrientes es la cantidad de usuarios de electricidad que no abonan por el servicio, así como la venta de combustibles por debajo de su costo real. También se ha observado un aumento en la cantidad de empleados públicos, lo que contribuye a un bajo porcentaje de inversión en comparación con los gastos corrientes. La recaudación tributaria de nuestro país en relación al tamaño de la economía es inferior a la mayoría de naciones latinoamericanas.

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Se plantea la posibilidad de reducir los gastos corrientes como medida para mejorar la situación, pero para lograrlo se hace necesaria una actualización en las normativas fiscales. Históricamente, estas reformas han sido implementadas en momentos de crisis económicas significativas. Por ejemplo, el impuesto ITBIS fue establecido en 1983 durante la “década perdida” latinoamericana; sin embargo, en su creación se excluyó la mayor parte de la canasta básica. Durante la presidencia de Balaguer en 1990, el país enfrentó una grave crisis que llevó a la introducción de una amplia reforma tributaria y arancelaria con apoyo de Naciones Unidas. En contraste, la economía dominicana goza actualmente de una etapa próspera, según lo destacó recientemente el presidente Luis Abinader en la ONU. El país muestra tasas de crecimiento envidiables, bajas tasas de inflación, altas reservas financieras y se posiciona como séptima economía más importante en América Latina. Los precios de exportación de productos como oro, cacao y café se mantienen elevados, el turismo crece a un ritmo del 10% anual, al igual que las remesas y la inversión extranjera.

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Además de la estabilidad económica, la decisión del presidente Abinader de no buscar la reelección debilita su posición política, lo que dificulta que su partido, con varios postulantes a su sucesión, pueda aprovechar su mayoría en el Congreso para implementar la reforma tributaria. Esta situación se vuelve más complicada a medida que se acercan las elecciones.

Mientras tanto, la inversión tanto nacional como extranjera se encuentra estancada a la espera de conocer los detalles de dicha reforma. Dada la situación de no reelección, es urgente que la actualización normativa se realice cuanto antes, para no postergar aún más el dinamismo económico del país.

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Esperemos que los principios de la reforma no agraven la distribución del ingreso ni carguen aún más a los contribuyentes actuales, sino que se dirijan a quienes aún no aportan al fisco.

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