Presentación de solicitud de medidas cautelares para dos implicados en caso de corrupción
La decisión sobre si se impondrá la prisión preventiva como medida de coerción contra Hugo Beras, antiguo director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), y José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S., en relación al caso Camaleón, estará a cargo del juez Rigoberto Sena de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional y se dará a conocer este martes.
Durante la audiencia programada para las 2:00 p.m., el Ministerio Público deberá presentar las pruebas que sustentan la acusación contra los imputados para que el tribunal considere la complejidad del caso. Entre las pruebas mencionadas se encuentra un contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización en el Gran Santo Domingo y un acuerdo ilícito entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, utilizado para realizar funciones ilegales de inteligencia y defensa del Estado.
Adicionalmente, se requerirá la evidencia relacionada con el sabotaje a la red semafórica ocurrido en agosto, elementos clave para el desarrollo del proceso judicial.
Contenido extra: La importancia de la presentación de pruebas contundentes y verídicas en este tipo de procesos legales es determinante para la toma de decisiones judiciales justas y equitativas para todas las partes involucradas.
Otros individuos implicados en el caso
En este proceso también se encuentran involucrados Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT; y Carlos José Peguero Vargas.
Este grupo es señalado por formar parte de una red dedicada a actividades corruptas y de crimen organizado que incluyen desfalco, estafa al Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructuras críticas y robo de identidad.
Las acusaciones legales contra estos siete individuos se encuentran especificadas en la orden de arresto número 2024-AJ0020784 emitida a petición del procurador Camacho por la jueza del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Fátima Scarlette Veloz Suárez.
Contenido extra: Las repercusiones de actos de corrupción de esta magnitud no solo afectan la integridad de las instituciones y la confianza ciudadana, sino que también dañan gravemente la imagen y reputación del país a nivel internacional.
Detalles relevantes de la Operación Camaleón
Como parte de la Operación Camaleón, se llevaron a cabo allanamientos en diversas residencias y empresas ubicadas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. Más de 170 efectivos de la Policía Nacional, unidades especiales y más de 30 fiscales especializados en crimen organizado participaron en este operativo.
En los allanamientos se decomisaron numerosas evidencias que respaldan las acusaciones presentadas por el Ministerio Público. Es por esto que se considera a la Operación Camaleón como una de las más exitosas en la lucha contra el crimen organizado, según la opinión del órgano persecutor.
Asimismo, se informó que las investigaciones continúan en curso, lo que podría resultar en la identificación de nuevos implicados y en la presentación de nuevas imputaciones relacionadas con prácticas de soborno asociadas al caso.
Contenido extra: La colaboración interinstitucional y la rigurosidad en las investigaciones son fundamentales para desmantelar redes de corrupción de gran envergadura, asegurar la rendición de cuentas y fortalecer el estado de derecho en una sociedad.