Presunta gestión de arresto ilegal por parte de denuncia contra familiar y amigo inmobiliario

Presunta gestión de arresto ilegal por denuncia contra familiar y amigo inmobiliario

Pascual Mella y Antonio Alcántara: Cuidadores del terreno

Pascual Mella desempeña labores como cuidador del terreno en colaboración con Antonio Alcántara.
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Además de su labor como cuidadores, aparentemente cumplen otras funciones en el terreno en cuestión.

Denuncia por presunto arresto ilegal

Una ciudadana ha presentado una denuncia referente al presunto arresto ilegal realizado por individuos que podrían ser miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional. El incidente ocurrió con su hermano y un amigo de este, señalados por una empresa del sector inmobiliario por una supuesta invasión de terrenos en Valiente, Boca Chica, Santo Domingo Este.

La denunciante, Milqueya Alcántara, sostiene que su hermano Antonio Alcántara y Pascual Mella se limitan a trabajar en el mantenimiento del mencionado terreno. Relata que fueron detenidos “sin una orden de arresto, en presencia del antiguo coronel Volquez de la Policía, acompañado por Santiago Ramos, representante de la Inmobiliaria Geraldino”.

“Posteriormente fueron trasladados a la cárcel de San Luis por la fiscal María Acosta el pasado lunes 21 de este mes por la mañana y han transcurrido dos días sin tener noticias de ellos”, declaró la mujer.

Milqueya Alcántara presenta un documento que supuestamente certifica que la inmobiliaria no es la propietaria legal del terreno en cuestión.

Inquieta por la situación, hizo un llamado a las autoridades para que esclarezcan el incidente y liberen a su familiar y su compañero, subrayando su responsabilidad como padres de familia de niños pequeños que dependen de ellos. Solicitó específicamente al jefe de la Policía que atienda sus demandas.

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Apelación a la justicia y descripción de los arrestados

La denunciante destaca que los arrestados carecen de historial delictivo y son individuos respetables y dedicados a su trabajo cotidiano.

La inmobiliaria alega poseer los derechos de propiedad sobre el terreno, sin embargo, no ha mostrado evidencias que respalden esta afirmación ni la orden de arresto en la que se basó el procedimiento de detención.

Se informa que la Dirección de Investigaciones Criminales ejecutó 79 órdenes de arresto y logró la captura de 15 individuos fugitivos de la justicia.
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Además de solicitar la liberación de los detenidos, pidió que se aclare la situación del terreno en disputa y se respeten sus derechos como ciudadanos.

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