Operación de denuncia presentada por MP
Cuatro individuos más han sido señalados en relación con la estafa a más de 500 individuos por un monto superior a RD235 millones y US$10 millones
Un expediente fue presentado por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público en contra de 11 personas físicas y dos entidades jurídicas implicadas en un entramado que, según las averiguaciones, timó a más de 500 personas a través de falsos proyectos inmobiliarios, empleando diversas artimañas fraudulentas para engañar a las víctimas.
La acusación fue tramitada ante la jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, y señala como imputados a Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera, y a las compañías Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL.
Además, se sumaron a la lista de acusados los individuos Erick Joan Dorrejo Medina, Wilton Manuel Peralta Brito, Moisés Benjamín Castro Balbi y Franklin Benjamín Martínez Jokson.
Yeni Berenice Reynoso, directora de la Dirección General de Persecución, encabezó la acusación junto a los fiscales Andrés Octavio Mena y Surelis Jáquez, siendo estos últimos los líderes en la investigación y preparación del caso.
Un tribunal asignado por sorteo informático será el responsable de llevar a cabo la audiencia preliminar del caso. Los acusados enfrentan cargos por estafa, falsificación de documentos, asociación ilícita y lavado de dinero, contraviniendo los artículos 265, 266, 405, 59, 60 y 147 del Código Penal Dominicano.
Se descubrió que la red delictiva operaba a través de las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL como mecanismos para perpetrar los fraudes, promocionando propiedades inexistentes en supuestos proyectos inmobiliarios.
Contenido extra: Se determinó que estas organizaciones también incumplieron con sus deberes fiscales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), lo cual constituye un delito tributario.
Repercusiones de la investigación
El total de la estafa perpetrada por los acusados a las víctimas asciende a más de RD$235 millones de pesos y más de US$10 millones, fondos que deben ser restituidos en beneficio de las personas perjudicadas en este procedimiento.
En la fase preparatoria, el Ministerio Público logró confiscar activos muebles e inmuebles adquiridos con los fondos de las víctimas, incluyendo casas, apartamentos, vehículos y maquinaria pesada, así como identificar el uso de esos recursos para costear gastos personales de los acusados.
La red fue desmantelada luego de 25 operativos realizados en las provincias de San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional, donde se incautaron múltiples propiedades y bienes pertenecientes a los acusados, quienes mantuvieron un estilo de vida opulento financiado por los fondos obtenidos de las víctimas.
Contenido extra: Durante las pesquisas, se reveló que Emmanuel Rivera Ledesma, señalado como líder de la red, se valió del nombre de figuras públicas reconocidas para ganarse la confianza de las víctimas, aunque sin tener ninguna relación real con dichas personalidades.