La estrategia legal ante la medida de coerción
La defensora del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras, involucrado en el caso Camaleón, anunció este lunes su intención de impugnar la solicitud de 18 meses de prisión preventiva para su cliente.
Además, criticó la decisión del tribunal por considerarla “lamentable” y desprovista de imparcialidad.
“Vamos a apelar de inmediato porque la resolución es muy dolorosa”, afirmó.
En cuanto al contenido del fallo, mencionó que gran parte de las 78 páginas se centró en reproducir la petición de medida de coerción del Ministerio Público, respaldada por imágenes de las pruebas presentadas por la Fiscalía.
No obstante, resaltó que la jueza apenas dedicó un breve párrafo a abordar las pruebas y argumentos presentados por la defensa a lo largo de las dos horas de exposición.
Anticipó que, pese a tener un plazo de 20 días para apelar, no esperarán hasta el límite máximo para hacerlo.
“No vamos a agotar el plazo completo para apelar porque el caso es complicado, presentaremos la apelación esta misma semana para agilizar el proceso”, enfatizó.
Además, enfatizó que la solicitud de prisión preventiva dictada contra Hugo Beras, Jochi Gómez y Pedro Padovani.
¿Existen más personas implicadas en el caso?
Al abordar las declaraciones del director de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, sobre la posible implicación de más individuos en el caso, la abogada señaló que eso es una constante en este tipo de situaciones.
“Esa afirmación debería ser conocida sin necesidad de mencionarla, es un patrón común en todos los casos”, expresó.
Agregó que es habitual que se solicite una medida de coerción idéntica, se detenga a personas durante períodos de 18, 10 o 6 meses, para luego liberarlas y mantener un proceso judicial extendido durante unos 4 años, donde comparecen diariamente a la audiencia demostrando que no hay riesgo de fuga.
También destacó la tendencia del Ministerio Público a solicitar prisión preventiva sin presentar pruebas contundentes, liberando a los acusados después de 18 meses.
Estas declaraciones fueron emitidas durante una intervención en el programa El Sol de la Mañana.
La complejidad del caso y sus implicados
Recordemos que el pasado 10 de octubre, la jueza Fátima Veloz impuso 18 meses de prisión preventiva a Hugo Beras, Jochi Gómez y Pedro Padovani, en relación al caso Camaleón, declarando el caso como complejo.
Otros individuos señalados en este caso son Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez y varias empresas como Transcore Latam, Aurix e Inprosol.
De acuerdo con la acusación, estos implicados formarían parte de una red de corrupción y crimen organizado dedicada a diversas actividades delictivas.
El Ministerio Público afirmó contar con pruebas de contratos fraudulentos en la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, acuerdos ilegales con el Ministerio de Defensa y Aurix para usurpar funciones de inteligencia estatal, así como evidencia de sabotajes contra la red semafórica en agosto.
Los imputados en la Operación Camaleón están siendo investigados por una serie de delitos que van desde corrupción y estafa hasta terrorismo, según lo establecido por las leyes pertinentes en la República Dominicana.
Los detalles de la Operación Camaleón y el seguimiento del caso
En el marco de la Operación Camaleón, se llevaron a cabo allanamientos en diversas ubicaciones con la participación de efectivos policiales y fiscales especializados, logrando recuperar evidencias que confirman las acusaciones del Ministerio Público.
Como resultado, se calificó esta operación como exitosa contra el crimen organizado.
Además, se indicó que continúan las investigaciones, potencialmente incluyendo nuevos imputados y presentando acusaciones adicionales relacionadas con sobornos.
Para más información, el interesado puede leer la declaración de Hugo Beras en relación a los eventos involucrados con Intrant-Transcore Latam.