Desafío a las autoridades y la justicia para hacer cumplir la ley

La importancia de la acción del Defensor del Pueblo

Es relevante que el Defensor del Pueblo haya tomado la iniciativa después de la prolongada inacción de las instancias encargadas de aplicar la ley en términos de seguridad pública y persecución de delitos, asegurando el juicio de responsables de actos criminales incluso si son miembros inferiores. Durante mucho tiempo, el respeto a la humanidad, incluso de presuntos delincuentes, ha sido cuestionado. Desde una perspectiva informativa objetiva, resulta inapropiado en este país hablar de “intercambios de disparos” sin ponerlo entre comillas para atribuir la definición únicamente a fuentes oficiales unilaterales. Se han difundido “verdades” no corroboradas que han quedado sin confirmaciones o desmentidos, poniendo en tela de juicio el Estado de derecho.

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Adicionalmente, es fundamental considerar el impacto de las acciones policiales en la sociedad en términos de violencia y posibles vulneraciones de derechos, lo cual debería ser abordado con seriedad y transparencia por parte de las autoridades correspondientes.

El llamado del Defensor del Pueblo a la transparencia policial

El Defensor del Pueblo está trabajando para abordar las ambigüedades que han obstaculizado la búsqueda de justicia en casos de pérdidas humanas, contabilizándose 54 muertes en lo que va del año. Por lo tanto, está solicitando de manera legítima y legal que la Policía presente un informe detallado con evidencias de estos incidentes violentos que no han sido adecuadamente investigados judicialmente, a fin de esclarecer si se han empleado fuerzas desproporcionadas de acuerdo con la Constitución y las leyes vigentes. Esta petición es crucial, ya que la transparencia en las versiones policiales es un elemento esencial para la garantía de la verdad y la justicia en una sociedad democrática.

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La transparencia en la rendición de cuentas por parte de las autoridades policiales es fundamental para mantener la confianza de la ciudadanía en el Estado de derecho y en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.

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