Recurso de apelación contra medida de coerción en caso reciente
El equipo legal de Hugo Beras ha interpuesto un recurso de apelación en respuesta a la medida de coerción dictada por la jueza Fátima Veloz, perteneciente a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, en relación al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y su participación en el caso Camaleón.
La abogada Laura Acosta, miembro del grupo defensor de Hugo Beras, ha confirmado esta información a través de Hoy Digital.
Posteriormente, Acosta mencionó que ya han presentado el recurso de apelación y ahora aguardan por la evaluación de su admisibilidad y la programación de una reunión para su consideración.
Vale la pena recordar que el funcionario se encuentra cumpliendo 18 meses de prisión preventiva como medida cautelar en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Otros implicados en el caso
Además de Hugo Beras, también están bajo prisión preventiva José Ángel Gómez Canaán (Jochi), dueño de la empresa Aurix S.A.S., y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT.
De igual manera, la jueza Fátima Veloz ha dispuesto que Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT, cumpla arresto domiciliario; mientras que Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT, ha sido sujeto a una garantía económica de 2 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
En lo que respecta a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT, y Carlos José Peguero Vargas, se les ha impuesto una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica como medida de coerción.
Implicados en el caso Camaleón
Además, la jueza ha acogido la solicitud del Ministerio Público de catalogar el caso como complejo, estableciendo una revisión obligatoria de las medidas para el 9 de enero de 2025.
Los acusados son señalados de formar parte de una red de corrupción y crimen organizado, implicados en delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
Estos crímenes se encuentran contemplados y penalizados en diversos artículos legales de la República Dominicana que abarcan desde la proscripción de la corrupción hasta la legislación contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
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