Distribuidora enseñaba a empleadas a realizar pagos fraudulentos
Una extensa cantidad de pruebas presentadas por las autoridades competentes ha provocado que se posponga la audiencia en la que se determinaría la medida de coerción para el presidente y el tesorero de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (Fedopem), acusados de un presunto fraude que supera los RD$19 millones.
Entre los señalados se encuentran Freddy Núñez Jorge, presidente de Fedopem, y Evaristo Ozoria Rodríguez (conocido como Aníbal) en su rol de tesorero.
De acuerdo con la narrativa presentada por el Ministerio Público, en un expediente de 757 páginas con 219 elementos probatorios, la investigación realizada reveló que el presidente de la organización “instructuía a trabajadoras subalternas como Yéssica García y Karen Ángeles para elaborar cheques, cobrarlos y entregar el efectivo directamente a él, disponiendo de estos recursos de manera discrecional.”
El informe también expuso que se crearon tres asociaciones provinciales ficticias para respaldar a la Fedopem, “asegurando la entrada de fondos públicos y desviándolos hacia un grupo de personas interconectadas.” En el proceso electoral del 2020, los presuntos representantes Deisy Mercedes Recio, Evaristo Ozoria Rodríguez (Aníbal) y José Aquiles Clase, “simularon una competencia bajo el amparo de asociaciones que no existen, utilizando esta estructura para recibir pagos a través de cheques emitidos por el presidente y el tesorero de la Federación, elegidos por ellos mismos basándose en identidades y poderes ficticios, logrando así defraudar al Estado Dominicano. Las asociaciones ilegales señaladas son las de Nagua y/o María Trinidad Sánchez; Puerto Plata y Santo Domingo.”
Wilson Camacho, responsable del PEPCA, afirmó que la acusación ha presentado pruebas contundentes “sobre cómo creemos que se desviaron fondos de la Federación Dominicana de Pentatlón.”
La audiencia está programada para el viernes 1 de noviembre a las 2:00 PM.
Las autoridades buscan la aplicación de la prisión preventiva para los acusados y que el caso sea considerado complejo.
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La distribuidora utilizaba un intrincado esquema de asociaciones ficticias para desviar fondos públicos, beneficiando así a un grupo selecto de individuos. Este caso de corrupción pone en evidencia la complejidad y la gravedad de las prácticas fraudulentas que tuvieron lugar en la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno.