Solicitan normativa para descendientes haitianos en República Dominicana

Acción solicitada para descendientes de Haití en República Dominicana

Grupo de organizaciones pertenecientes a Dominicanos x Derechos (DxD) han indicado que, pasando más de diez años desde la sentencia TC/0168/13, el Estado ha permanecido inactivo en cuanto a la restitución de la nacionalidad a más de 130 mil individuos que perdieron ese derecho.

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Urgen al Estado dominicano a acentuar los esfuerzos dirigidos a resolver la problemática de la apatridia que perjudica a una gran cantidad de dominicanos de ascendencia haitiana, la cual, lejos de resolverse, ha generado una crisis de índole transgeneracional.

Dichas organizaciones detallan que esta situación ha dejado a miles de personas sin acceso a derechos esenciales, como educación, salud, empleo e inclusión en programas sociales, entre otros. A pesar de reconocer que la implementación de la Ley 169-14 en 2014 supuso un avance en la solución, afirman que su aplicación ha sido deficiente, manteniendo a esa cantidad considerable de personas con sus documentos retenidos, a pesar de haber sido revisados por la Junta Central Electoral (JCE) en 2015.

Esta cifra refleja la gravedad de la situación, sobre todo para aquellos de ascendencia haitiana, quienes se enfrentan a obstáculos administrativos, discriminación y exclusión.

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Las organizaciones demandaron una pronta y contundente aplicación de la Ley 169-14, que sea fortalecida para lograr su objetivo original de restablecer la nacionalidad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de los afectados por la Sentencia del Tribunal Constitucional 168/13.

Alerta sobre la perpetuación de la apatridia

Además, advirtieron que el ciclo de apatridia podría propagarse a las generaciones venideras, convirtiéndose en un mal que se extiende por la República Dominicana.

Lamentaron el hecho de que ninguno de los 7,159 individuos que solicitaron la Ley 169-14 ha obtenido la naturalización, a pesar de los decretos presidenciales emitidos por el expresidente Danilo Medina y el presidente Luis Abinader, que intentaron agilizar el proceso para 799 personas al haber culminado el trámite.

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Es imperativo que el Estado dominicano asuma su responsabilidad de proteger los derechos de todos los habitantes en su territorio, evitando que esta crisis se expanda aún más.

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