Situación migratoria haitiana plantea desafíos a República Dominicana

El líder político Abel Martínez hace un llamado enérgico a las autoridades para que afronten con decisión la crisis generada por la migración de personas indocumentadas provenientes de Haití, la cual afecta diversos ámbitos en República Dominicana como la salud pública, la educación, la seguridad ciudadana, la convivencia social, la soberanía y la estructura democrática del país.

En un comunicado oficial, Martínez resalta que “según estadísticas oficiales, más del 37% de los partos en hospitales públicos son de mujeres haitianas en situación migratoria irregular, lo que impacta fuertemente en el ya reducido presupuesto de salud”.

“Se calcula que más de 25 mil millones de pesos del presupuesto estatal se asignan para costear la atención médica de inmigrantes haitianos, lo que representa una carga insostenible que podría colapsar los servicios esenciales. En cuanto a la educación, muchos niños dominicanos se ven excluidos de las escuelas debido a la ocupación de plazas por menores haitianos, una realidad denunciada por los padres y negada sistemáticamente por las autoridades. Esta situación aumenta la exclusión social y limita las oportunidades de desarrollo para los ciudadanos del país”, expresó Martínez.

El ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana advierte que “la entrada descontrolada de extranjeros ilegales no solo agota los recursos estatales, sino que también amenaza la seguridad ciudadana y el orden público. Las comunidades dominicanas, especialmente las ubicadas en áreas urbanas periféricas y zonas rurales, sufren el incremento de asentamientos irregulares en zonas como ríos, arroyos y edificaciones abandonadas. Estas ocupaciones ilegales aumentan la presión sobre los servicios básicos y representan un desafío ambiental para las regiones afectadas”.

Llamado Urgente a la Acción: Deportaciones Masivas y Control Fronterizo

Ante esta situación, Martínez insta al Gobierno dominicano a implementar de manera inmediata deportaciones masivas para hacer frente al flujo migratorio irregular y asegurar que aquellos en condición ilegal sean retornados a su país de origen. “Las deportaciones deben realizarse conforme a la legalidad, pero con decisión y rapidez, ya que la permanencia de millones de extranjeros ilegales pone en riesgo la cohesión social y económica del país”.

“Además, es vital abordar de raíz los problemas asociados con visas fraudulentas y el tráfico ilegal de personas sin documentos, prácticas que facilitan la entrada de inmigrantes irregulares a través de la frontera con Haití. Erradicar estas prácticas requiere la colaboración entre instituciones y el fortalecimiento de las autoridades migratorias y de seguridad para combatir las redes corruptas que permiten el tráfico ilegal de personas”, agregó.

También ex presidente de la Cámara de Diputados, insta al Gobierno a “actuar con determinación, reforzando la vigilancia fronteriza con tecnología avanzada y aumentando la presencia militar y policial en las áreas fronterizas, para garantizar la seguridad y la integridad territorial. La soberanía de República Dominicana depende de su capacidad para proteger y vigilar sus fronteras”.

Martínez destaca también que “la existencia de inmigrantes sin documentos en zonas frágiles incrementa la percepción de inseguridad y afecta la convivencia pacífica en las comunidades. Asimismo, el crecimiento descontrolado de asentamientos irregulares compromete la integridad ambiental de las áreas ocupadas, lo que conlleva a la deforestación, la contaminación de fuentes de agua y la degradación de los ecosistemas”.

“El Gobierno dominicano debe tomar medidas contundentes para restablecer el orden y garantizar el cumplimiento de las leyes. Es hora de actuar y no solo hablar. La crisis migratoria con Haití necesita una respuesta eficaz que permita a República Dominicana recuperar el control de su territorio y asegurar un futuro próspero y estable para sus habitantes”.

Abel Martínez reitera que no se opone a la presencia de extranjeros que cumplan con las leyes para residir en el país. “No obstante, la coyuntura actual demanda el respeto a las normativas migratorias, tal como lo haría cualquier nación en defensa de su soberanía y bienestar”.

“En este momento crucial, el Gobierno debe tomar decisiones firmes para enfrentar esta crisis migratoria, llevar a cabo las deportaciones necesarias y poner fin a las actividades ilícitas que facilitan la entrada irregular al país, garantizando el respeto al orden y la dignidad de República Dominicana como una nación soberana y libre”, concluyó Abel Martínez.