Desafíos en la política migratoria y deportaciones masivas
Se comenta que las autoridades de la República Dominicana han enfrentado dificultades al establecer un enfoque coherente y eficiente en cuanto a la migración desde Haití. La situación actual evidencia esta afirmación, especialmente con la reciente iniciativa de llevar a cabo deportaciones masivas de ciudadanos haitianos, ya sea que estén documentados o no. Este hecho se presenta en un contexto marcado por denuncias de corrupción, aumento de discursos de odio y amenazas a quienes se oponen a este tipo de nacionalismo extremo que se está propagando en el país. Es inquietante que el gobierno anuncie un plan vago para realizar 10000 deportaciones semanales sin ofrecer razones claras ni explicar de dónde proviene este número.
Se anuncia la ejecución de esta medida sin que se hayan implementado cambios significativos en los procedimientos de detención y traslado de personas, sean o no documentadas, donde se siguen reportando extorsiones para liberar a los detenidos, robo de sus pertenencias y dinero, y la falta de sanciones obvias hacia los agentes que participan en operativos abusivos dentro de lo que se ha denominado como una “cárcel ambulante” conocida como Camiona. Tampoco se ha observado un desmantelamiento de la estructura delictiva involucrada en actividades de extorsión y despojo a los detenidos, ni se ha explicado por qué se ha militarizado el manejo de la migración, lo que podría resultar en una mayor violación de derechos humanos.
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Es crucial destacar que esta medida se adopta sin que se haya avanzado significativamente en el proceso de regularización iniciado con la Ley 169/14, que se creó para mitigar los efectos de la Sentencia 168/13, declarada inconstitucional. Persisten obstáculos y maltratos hacia aquellos que intentan obtener sus documentos en el marco de dicho plan. Aunque aproximadamente 8000 personas se beneficiaron del plan obteniendo residencia permanente y cédulas de identidad, los documentos otorgados con la supuesta permanencia tenían fecha de vencimiento para el año 2020 y las oficinas encargadas de llevar a cabo esta ley permanecen cerradas desde el inicio de la pandemia, dejando a muchas personas en una situación de incertidumbre al no poder renovar sus documentos vencidos.
Se estima que alrededor de 200 000 personas nacidas antes del 2010 fueron despojadas de su nacionalidad debido a la Sentencia 168/13, que tuvo un efecto retroactivo. Muchas de estas personas no pudieron aprovechar la Ley 169/14 y, al ser consideradas “indocumentadas”, se enfrentan a dificultades para inscribir a sus hijos en escuelas y podrían ser víctimas de las deportaciones masivas. Estos factores deben ser considerados antes de llevar a cabo dichas acciones, recordando la repercusión negativa que tuvo en el pasado el cierre abrupto de la frontera, que afectó tanto a nivel económico local y regional, así como en las relaciones bilaterales. Los costos económicos, humanos y de imagen del país serían considerablemente altos en este escenario.
En una semana, se podrían deportar hasta 10000 personas, pero a un costo elevado en términos de injusticias, errores, detenciones y expulsiones de individuos que podrían haber estado en proceso de regularización, muchos de los cuales han vivido en el país desde antes del año 2010, así como la separación de familias debido a trabas burocráticas y decisiones injustas del sistema. Esta política generaría un ambiente de temor en la comunidad, limitando sus derechos de movimiento para ir a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela, e incluso obligándolos a vivir ocultos. Es una tragedia enviar a personas a lugares desconocidos con condiciones de vida precarias y peligrosas, lo cual va en contra de principios universales relacionados con las deportaciones.
Es innegable que cada país tiene el derecho soberano de establecer su política migratoria, sin embargo, en este contexto específico, resulta contraproducente llevar a cabo deportaciones masivas en un entorno donde se ha incrementado la hostilidad hacia los haitianos en los medios de comunicación, reforzando actitudes racistas en la sociedad dominicana. Las acciones indiscriminadas generan tensión en la sociedad, son inhumanas, económicamente insostenibles y violan diversos derechos fundamentales. A nivel global, observamos un auge del ultranacionalismo, que promueve una identidad basada en el odio hacia aquellos considerados diferentes, lo cual puede tener consecuencias devastadoras.
Es vital mantener buenas relaciones con Haití, ya que representa una fuente crucial de mano de obra que, si bien necesita ser regulada, es fundamental para nuestra economía y para la economía mundial en general. Para fortalecer estas relaciones, el gobierno dominicano debe replantear su enfoque en materia migratoria y de deportaciones, reactivar el plan de regularización establecido por la Ley 169/14, reabrir las oficinas correspondientes y comprender que, ante la falta de infraestructura, recursos humanos y protocolos adecuados, junto con una frontera vulnerable y propensa a la corrupción, las deportaciones masivas son inviables.